Tras incorporar nuevos grupos de datos, el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 contribuye en gran medida a arrojar ‘más luz sobre el problema mundial de las drogas’ y, si bien reconoce, inevitablemente, que persiste la incertidumbre y aumenta la complejidad en torno a numerosos aspectos del mercado ilícito, en muchos casos sigue integrando el debate sobre las intervenciones en el mercado con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Al añadir nueva información procedente de la India y Nigeria, el Informe sostiene que el número de personas que se cree que padecen ‘trastornos por consumo de drogas’ en la actualidad es de 35,5 millones. Se estima también que unas 585 000 personas murieron en relación al consumo de drogas en 2017, y que más de la mitad de esas muertes se debió a una hepatitis C no tratada.

Una vez más, el informe admite que existe una ‘brecha de tratamiento’ en lo que respecta a la hepatitis C, el VIH y la tuberculosis activa, así como un déficit alarmante en una serie de servicios de reducción de daños, y llega a la conclusión que las respuestas de salud pública siguen siendo insuficientes.

Aunque solo se menciona de pasada en el marco de un debate bastante equilibrado sobre los mercados regulados del consumo de cannabis no medicinal para adultos, la referencia a las sociedades comerciales que están sustituyendo rápidamente a los productores artesanales de cannabis y a las consecuencias afines en materia de salud pública plantea cuestiones cada vez más apremiantes en relación con la justicia social y las estrategias para un comercio (más) justo en el ámbito de la industria del cannabis que está surgiendo en distintas partes del mundo. 

El análisis sobre ‘la otra crisis de los opioides’, el consumo ‘con fines no médicos’ del tramadol en África, utiliza nuevos datos para ofrecer un panorama útil del mercado ilícito de algunos países y ayuda a poner de relieve las tensiones sistémicas entre el acceso con fines terapéuticos y la fiscalización de drogas. Sin embargo, evita plantear enfoques alternativos para proteger la salud pública, como lo sería el tratar la cuestión como ‘un delito médico’ en vez de abordarlo como un problema de fiscalización de drogas.

El hecho de que el Informe reconozca no solo que se necesitan mejores datos, sino también que se deben replantear los criterios empleados para medir el éxito de las actividades de aplicación de la ley, es positivo. Sin embargo, al acentuar el rol integral que ocupa la aplicación de la ley en el contexto de las drogas, podría decirse que el Informe pasa por alto los riesgos asociados con el fenómeno del desplazamiento de las políticas.

Teniendo en cuenta la notable capacidad del Informe para influir en los debates sobre políticas y determinar el relato que impera en los debates interestatales e interinstitucionales, quizá la UNODC podría hacer más para desplegar sus datos sintetizados y sus conocimientos especializados a fin de ayudar a los Estados miembros a reformular las concepciones de la salud pública y cómo hacerlas efectivas. 

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