A pesar de la evidencia clara y en contravención de los derechos indígenas, la OMS recomienda la clasificación más estricta para la hoja de coca, perpetuando los fundamentos racistas y coloniales de su prohibición.
A medida que la retórica del “narcoterrorismo” se instrumentaliza para intensificar la “guerra contra las drogas”, este evento analiza sus consecuencias para los derechos humanos y los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y proteger el derecho internacional.
Los centros de rehabilitación de drogas sin licencia son lugares de detención arbitraria, castigos crueles, corrupción y violaciones de derechos humanos.
La cooperación internacional ofrece una oportunidad para alinear de manera coherente las políticas de drogas regionales con las normas de derechos humanos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
Aunque a menudo se presenta como una solución total, la descriminalización es solo una pieza del rompecabezas y su éxito depende de una mejora integral del apoyo social.
DPA insta a Estados Unidos a abandonar las estrategias de guerra contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la salud y los derechos humanos, mostrando cómo la prohibición global alimenta la violencia, la pobreza y las crisis de sobredosis.
IDPC y ONG aliadas exponen cómo las políticas de drogas militarizadas alimentan ejecuciones extrajudiciales y abusos sistémicos, y hacen un llamado urgente a reformas globales para proteger los derechos humanos y acabar con la falta de rendición de cuentas.
Los responsables de la toma de decisiones deben invertir en poner fin a las políticas y respuestas punitivas en materia de drogas, en favor de enfoques basados en los derechos que prioricen la reducción de daños y el liderazgo comunitario.
