Los centros de rehabilitación de drogas sin licencia son lugares de detención arbitraria, castigos crueles, corrupción y violaciones de derechos humanos.
La cooperación internacional ofrece una oportunidad para alinear de manera coherente las políticas de drogas regionales con las normas de derechos humanos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
Aunque a menudo se presenta como una solución total, la descriminalización es solo una pieza del rompecabezas y su éxito depende de una mejora integral del apoyo social.
DPA insta a Estados Unidos a abandonar las estrategias de guerra contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la salud y los derechos humanos, mostrando cómo la prohibición global alimenta la violencia, la pobreza y las crisis de sobredosis.
IDPC y ONG aliadas exponen cómo las políticas de drogas militarizadas alimentan ejecuciones extrajudiciales y abusos sistémicos, y hacen un llamado urgente a reformas globales para proteger los derechos humanos y acabar con la falta de rendición de cuentas.
Los responsables de la toma de decisiones deben invertir en poner fin a las políticas y respuestas punitivas en materia de drogas, en favor de enfoques basados en los derechos que prioricen la reducción de daños y el liderazgo comunitario.
Duterte se convierte en el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado por la CPI, tras la sangrienta "guerra contra las drogas" que caracterizó su régimen.
En contra de la sociedad civil, Hungría modificará su constitución para criminalizar el consumo de drogas, perpetuando su historial de reformas sociales represivas.
