IDPC, HON, IDUCARE y SPINN describen los obstáculos encontrados en la realización de los derechos humanos, presentan buenas prácticas de atención y apoyo y proponen reformas.
Reducir el tema drogas a cuestiones de seguridad y represión niega la multidimensionalidad de la cuestión drogas, en detrimento de las comunidades más expuestas al daño.
Más allá de la culpabilidad del ex presidente, el país debe emprender un proceso de rendición de cuentas y cambio para garantizar que esta tragedia no se repita.
En el acto se reconocieron los perjuicios de las políticas de drogas para los jóvenes y las personas marginadas, y se instó a dar prioridad al apoyo sobre el castigo.
El IDPC se une a más de 30 organizaciones de todo el mundo que piden que se ponga fin a la operación Yukthiya y que, en su lugar, se allane el acceso voluntario a una atención basada en pruebas.
Mientras un tercio se quedaría en Defensa y Policía, la mayoría de los fondos se dedicarán a inversión rural y desarrollo de productos legales a base de plantas bajo fiscalización.
Las respuestas coercitivas prometen mejores resultados sanitarios cuando, en realidad, empujan a miles de personas a situaciones de mayor vulnerabilidad e inseguridad.
2024 debe ser la ocasión para que la comunidad internacional debata seriamente cómo alinear las políticas de drogas con la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Pese a prometer el tránsito hacia una política de paz, el gobierno de López Obrador ha recrudecido el enfoque punitivo, estigmatizante y prohibicionista.
El informe alternativo se basa en datos de informes oficiales de la ONU y de los gobiernos, publicaciones de la sociedad civil e investigaciones académicas, así como en una encuesta de la sociedad civil compartida por nuestra amplia red de organizaciones miembras y socias.
