El informe alternativo se basa en datos de informes oficiales de la ONU y de los gobiernos, publicaciones de la sociedad civil e investigaciones académicas, así como en una encuesta de la sociedad civil compartida por nuestra amplia red de organizaciones miembras y socias.
Si bien los estragos de las fuerzas represivas del estado sobre el bienestar de las personas usuarias son conocidos, menos discutidos son los impactos de la institución médica.
La definición de grupos criminales involucrados en el negocio informal de las drogas como "terroristas" arriesga profundizar prejuicios y respuestas estatales represivas, en vez de disminuir la violencia.
Al fomentar un lucrativo mercado informal y ampliar el arsenal punitivo del Estado, la "guerra contra las drogas" refuerza los regímenes corruptos y autoritarios.
Rhodes y Lancaster sostienen que las respuestas estatales a las crisis de muertes por drogas rara vez tienen en cuenta las causas a largo plazo que impulsan una muerte prematura de quienes consumen drogas.
Las organizaciones que trabajan para la reducción de daños advierten que esta ley socava los derechos y la dignidad de las personas, y que entorpecerá la respuesta del país ante el VIH.
El Gobierno afirma que se retiró del Estatuto de Roma antes de que se iniciara el procedimiento, pero el fiscal de la CPI se opone a tal interpretación porque ya se estaba realizando un estudio preliminar.
El proyecto de ley se traduciría en un aumento de los abusos contra los derechos humanos en nombre del control de drogas, entre otras cosas mediante la participación de las fuerzas armadas en el tratamiento y la ampliación de la detención obligatoria.
