Duterte se convierte en el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado por la CPI, tras la sangrienta "guerra contra las drogas" que caracterizó su régimen.
En contra de la sociedad civil, Hungría modificará su constitución para criminalizar el consumo de drogas, perpetuando su historial de reformas sociales represivas.
IDPC insta a los gobiernos a poner fin a los abusos de derechos humanos relacionados con las drogas, invertir en reducción de daños y alinear las políticas de drogas con los derechos humanos y la respuesta al VIH.
Los centros de detención forzada para personas que usan drogas militarizan el tratamiento, ignorando la necesidad de un enfoque basado en la salud y la descriminalización.
SWAN analiza el impacto de las identidades interseccionales en la justicia social y ofrece recomendaciones para mejorar los servicios, los programas basados en derechos y la incidencia política.
El grupo experto observó cómo los centros privados para tratamiento de dependencia no están sujetos a control y supervisión adecuados, lo que alimenta violencia e injusticias contra personas que consumen drogas.
DPA y HRI condenan la contribución multibillonaria de EE. UU. a las respuestas punitivas, instando a una mayor transparencia y a un compromiso con un enfoque basado en los derechos.
La Comisión Global de Políticas sobre Drogas expone el papel de las políticas prohibicionistas en el fomento de las inequidades y ofrece una hoja de ruta para la reforma, que incluye medidas de reducción de daños, descriminalización y la regulación legal de los mercados de drogas.
WHRIN lanza un período de 16 días de incidencia global para demostrar apoyo a acciones y políticas que prioricen los derechos humanos, la perspectiva de género y la reducción de daños.