LANPUD y el consorcio ALEP+PC evidencian la brecha entre ley y realidad, marcada por estigma y criminalización, y llaman a descriminalizar, financiar la reducción de daños, aprobar leyes antidiscriminación y garantizar la participación y rendición de cuentas con las personas que viven con VIH y usan drogas.
El CSFD pide una Estrategia de Drogas de la UE que ponga la salud, los derechos humanos y la equidad en el centro — pasando de las declaraciones políticas a la acción real, con la sociedad civil como socia plena.
Zuluaga Duque y coautoras evidencian cómo las políticas de sustitución de coca siguen minando la autonomía de las mujeres al pasar por alto sus condiciones de explotación y exclusión, a pesar de su centralidad en el cultivo.
HRI y LANPUD llaman a reformar las leyes punitivas que alimentan el encarcelamiento masivo y vulneran derechos, e invertir en salud, reducción de daños y liderazgo comunitario.
London-Nadeau et al. llaman a la solidaridad frente a ataques autoritarios contra la autonomía corporal, destacando historias compartidas de resistencia y cómo apuntan hacia la liberación colectiva.
La sociedad civil expone los daños punitivos y las violaciones de derechos, e insta a un giro hacia la salud, la reducción de daños, la descriminalización, la reforma de la justicia y los medios de vida alternativos sostenibles.
Bailey E. Pridgen et al. revisan las políticas de intervención de reducción de daños a nivel estatal y federal en Estados Unidos, y llaman a reformar para eliminar barreras estructurales y legales existentes.
Apoye. No Castigue ofrece un conciso folleto sobre el histórico informe 2024 de la Relatora Especial de la ONU, que brinda a las personas defensoras herramientas para promover la descriminalización, la reducción de daños y una política de drogas basada en los derechos humanos.
Singh Kelsall et al. sostienen que el retroceso en la descriminalización en Columbia Británica constituye una forma de violencia biopolítica, una masacre sancionada por el Estado disfrazada de política de salud pública.
La UNODC presenta su perspectiva sobre el papel de las flexibilidades de los tratados para posibilitar la descriminalización como parte de enfoques basados en la salud, identificando reformas y alternativas relacionadas a las medidas punitivas.
IDPC destaca la creación de un mecanismo de revisión independiente y el aumento de las divisiones en torno a la reducción de daños, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
CSIH-WCA y FHI 360 han elaborado un conjunto de herramientas para ofrecer a programas dirigidos a poblaciones clave de los recursos necesarios para protegerse, fortalecerse y brindar mejores resultados en la vanguardia de lucha contra el VIH.
