Un nuevo informe sugiere que los defensores públicos deben tener capacitación especializada en cómo defender a las mujeres en casos de tráfico de drogas y los abogados deben tener en cuenta cómo el género impacta el proceso legal.
La nueva publicación exige la despenalización y la reforma de la legislación antidrogas debido a penas de prisión por delitos menores relacionados con las drogas, lo que demuestra que las políticas duras contra el crimen han fracasado y que solo han empeorado la guerra contra las drogas.
GDPO describe recientes operaciones contra los cripto-mercados de drogas, subrayando la creciente sofisticación de las fuerzas del orden y en la respuesta de los mercados.
OSF explora el potencial de la hoja de coca y sienta las bases para un sistema que pudiese expandir significativamente la industrialziación de la planta de manera tal que aproveche al máximo sus beneficios sociales, políticos, económicos y ambientales.
Este documento informativo del IDPC analiza algunos de los riesgos más preocupantes y plantea recomendaciones dirigidas a las personas responsables de la formulación de políticas en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
El IDPC presenta una visión general de los puntos de interconexión entre los derechos humanos y la fiscalización de drogas, tal como se consagra en el documento final de la UNGASS, y ofrece recomendaciones para garantizar una mejor coordinación de estos dos ámbitos de la cooperación internacional.
Miembros y aliados del IDPC han participado en la convocatoria de contribuciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con respecto al próximo informe sobre la aplicación del documento final de la UNGASS y los derechos humanos.
La Friedrich Ebert Stiftung y Acción Semilla exploran dos estudios de caso sobre el establecimiento de umbrales para la codificación de los delitos de drogas, subrayando falencias y retos para asegurar una mayor proporcionalidad de las penas.
Un capítulo del boletín destaca cómo la política boliviana apunta a los beneficios de un enfoque basado en los medios de vida sostenibles para el control de los cultivos de drogas sin necesidad de recurrir a la erradicación forzosa.
Las conclusiones apoyan las intervenciones de reducción de daños e instan a los Estados miembros a que emprendan una reforma de la justicia penal que incorpore alternativas al encarcelamiento y la condena por los delitos no violentos relacionados con las drogas.
Este documento identifica las barreras principales y los enfoques más novedosos con respecto a la reducción de daños para las personas que usan drogas estimulantes, y formula recomendaciones sobre posibles vías de avance.
La organización AIVL destaca la importancia de los servicios de agujas y jeringas que son concebidos por las propias personas que se inyectan drogas y que responden a las necesidades de estas.
