El IDPC y el GDPO ofrecen un análisis crítico de las narrativas que el sistema de fiscalización de drogas de la ONU construye para justificar su propia existencia y crear un espejismo de éxito.

Kleinschmidt & Trenta resaltan cómo el uso de nuevas tecnologías hacen más borrosas las fronteras entre la guerra y la aplicación de la ley.

El IDPC y APCOF resumen las discusiones de una reunión entre múltiples actores involucrados, abordando los vínculos entre criminalización y violaciones a los derechos humanos, novedades en cuanto a políticas regionales y vías para futuras reformas.

Padmanathan et al. señalan incrementos en el riesgo de autoagresión y suicidio en las primeras 4 semanas después de dejar la terapia con agonistas opiáceos, en comparación con períodos estables durante el tratamiento.

MPact, NSWP, INPUD y GATE describen prácticas óptimas y retos pendientes para garantizar la participación de la comunidad en mecanismos del Fondo Global.

ONUSIDA y la ONUDD documentan progresos en materia de la puesta en marcha de tratamientos y servicios voluntarios en la comunidad.

Release propone 14 principios guía para enmarcar la regulación del cannabis en Reino Unido.

Marín Llanes sugiere que el programa de sustitución de cultivos colombiano ha conllevado incrementos significativos en la inseguridad de las comunidades cocaleras.

Shirley-Beavan et al. urgen a los gobiernos a reconocer el impacto positivo en términos de salud y afirmación de derechos de los servicios de reducción de riesgos, en particular en tiempos de crisis.

Maghsoudi et al. consolidan la evidencia sobre los beneficios de estos servicios en relación al cambio de conductas y el monitoreo de los mercados, notando obstáculos en su acceso y lagunas en la investigación.

Mainline ofrece recomendaciones para superar el impacto de los obstáculos en el acceso a servicios sobre las mujeres que consumen drogas.

El TNI analiza el impacto de las tendencias mundiales sobre el mercado del opio y exhorta a las autoridades públicas a responder a los factores socio-estructurales que subyacen la participación de las comunidades cultivadoras en mercados ilícitos.

El IDPC pone de manifiesto ante el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos las múltiples formas en que se niega a las personas que consumen drogas el acceso a servicios vitales de protección social.

Esta publicación analiza el impacto perjudicial de las políticas represivas sobre varios derechos reconocidos por el derecho internacional y nacional.

La publicación aborda las complejidades, tensiones y desafíos de la defensa pública en relación a las sustancias estupefacientes.

INPUD presenta los principales mecanismos y procesos de derechos humanos y cómo han intervenido en protección de los derechos de las personas usuarias de drogas.

WHRIN resume la situación por regiones y tendencias globales en relación a servicios de reducción de daños sensibles a las necesidades de las mujeres.

Daniels et al. urgen a reconstruir las políticas de drogas de forma tal que prioricen la salud, la dignidad y los derechos humanos.

ONUSIDA insta a los líderes mundiales a implementar una estrategia global contra el VIH que incluya la ampliación de los enfoques basados en la desigualdad para combatir la pandemia.

La Comisión Global de Políticas de Drogas insta a las personas líderes mundiales a revisar las convenciones internacionales de control de drogas para establecer un marco de control de drogas serio, moderno y responsable, basado en la ciencia y la evidencia y centrado en los derechos humanos.