El Cornell Center on Death Penalty Worldwide y el HRI destacan las tendencias que caracterizan los impactos de género de la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas.

Sandøy et al. revelan que les jóvenes de hogares pudientes están menos expuestes a la persecución legal.

CIVICUS subraya los abusos a defensores de derechos humanos, abogades y periodistas por el gobierno filipino, incluyendo en el marco de la “guerra contra las drogas”.

EHRA ofrece una vista de conjunto de los mercados de las NSP en la región, hace un inventario de las provisiones de salud, y subraya tareas pendientes y como subsanarlas.

Lines et al. Arguyen que la detención involuntaria con fines de ‘tratamiento por drogas’ representa una violación del derecho internacional.

Nelson arroja luz sobre las motivaciones detrás del uso de cannabis de jóvenes en situación de calle; y sobre las limitaciones e impacto negativo del patrullaje y detención en jóvenes criminalizades.

RESET hace un inventario de referencias utilizadas por organismos internacionales en relación a las alternativas al castigo para el uso de drogas.

HPA delinea 15 prioridades para garantizar que la justicia social se mantenga en el núcleo de las iniciativas regulatorias.

El IDPC identifica aprendizajes de los desafíos relacionados al tabaco para informar el diseño de la regulación legal del cannabis.

Corporación Teméride y Dejusticia exploran las experiencias de mujeres usuarias de drogas en contextos de vulnerabilidad económica y, con base en estas experiencias, proponen caminos hacia una política de drogas feminista.

El Grupo de Trabajo recomienda una reforma legislativa inmediata para mitigar la destructiva crisis de muertes por drogas en Escocia.

El Centro para Innovación en la Corte sostiene que la manera más efectiva para que los tribunales de drogas evolucionen es mediante la integración de prácticas y principios de reducción de daños, que se propone reducir los daños relacionados a consumo de drogas, aplicación racializada de leyes…

La recomendación del Grupo de Trabajo de Expertos en Canadá incluye alternativas a sanciones penales por la simple posesión de sustancias controladas.

El PNUD discute datos específicos de Tailandia sobre comportamientos de la comunidad LGBT relacionados con el consumo de sustancias que potencialmente pondrían en riesgo a personas LGBT, y brindan recomendaciones para asegurar su protección.

Greer et al. discuten respuestas no penales a la posesión de drogas a través de tres categorías analíticas: 1) Arquitectura de reformas, 2) criterios de elegibilidad, y 3) acciones emprendidas a partir de la detección de drogas para consumo personal.

El IDPC ofrece un análisis histórico de la incidencia de la sociedad civil para la reforma de políticas referidas a drogas en la ONU, evaluando logros y retos, así como reflexiones sobre cómo típicamente se han superado éstos últimos.

La Defensoría del Público argentina ofrece diez recomendaciones sobre como los medios deben enfocarse y retratar a las personas en situación de consumos problemáticos de drogas.

WHRIN y YouthRISE presentan los temas y recomendaciones centrales para acabar con los daños causados a mujeres jóvenes por políticas punitivas referidas a drogas.

Informe de HRI sobre las políticas inhumanas, desproporcionadas y militarizadas para el control de drogas en Sri Lanka, desde su marco legal discriminatorio hasta el uso de la pena de muerte por posesión simple.

Kilmer et al. discuten las inequidades asociadas con la prohibición del cannabis, particularmente su aplicación en contra de comunidades racializadas, y consideran oportunidades para impulsar la equidad social en el área de políticas sobre cannabis.