La falta de servicios de reducción de daños está acelerando una de las epidemias de VIH de más rápido crecimiento del mundo, lo que subraya la necesidad urgente de acceso a material estéril para el consumo de drogas, alcance comunitario y una respuesta nacional basada en la evidencia.
La decisión de la OMS reabre un debate global sobre si la fiscalización internacional se basa en la protección de la salud, o se inclina por criterios desactualizados con sesgos coloniales y geopolíticos.
Este encuentro virtual reunirá a especialistas para analizar cómo la creciente militarización en las Américas está redefiniendo la geopolítica regional y justificando nuevas formas de violencia y restricciones a los derechos humanos.
La JIFE advierte contra las respuestas extrajudiciales a los delitos de drogas y llama a un control de drogas basado en los derechos, proporcional y centrado en la salud.
Las organizaciones firmantes instan a los Estados miembros de la UE a revisar la Estrategia de Drogas propuesta y rechazar un Plan de Acción centrado únicamente en el tráfico, a fin de que la reducción de daños, la salud y los derechos humanos sigan siendo pilares de la política de drogas de la UE.
En un contexto de presupuestos de salud global en contracción, el Fondo Mundial aseguró 11.340 millones de dólares —muy por debajo de su meta de 18.000 millones— para continuar la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.
Expertos internacionales en derechos humanos instaron a poner fin a los ataques y a realizar una investigación independiente para garantizar la rendición de cuentas.
Tras seis décadas de prohibición, la OMS revisa la clasificación de la hoja de coca, reabriendo un debate histórico sobre ciencia, cultura y justicia en las políticas de drogas.
Fiocruz y organizaciones aliadas denuncian la operación policial letal en Río, condenan la seguridad militarizada y la necropolítica, y exigen políticas ciudadanas que prioricen la vida y los derechos.
El IDPC se une a líderes globales para presentar una declaración conjunta que condena la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, reconoce las reformas recientes y aboga por un cambio más profundo.
El IDPC participó en los debates temáticos de la CND de este año para pedir una reforma audaz y basada en la evidencia, instando a los gobiernos a apoyar al nuevo panel de expertos que revisa el sistema de control de drogas de la ONU y a garantizar la plena participación de la sociedad civil.
Los centros de rehabilitación de drogas sin licencia son lugares de detención arbitraria, castigos crueles, corrupción y violaciones de derechos humanos.
