La reciente decisión de la OMS de mantener la clasificación internacional de la hoja de coca pone de relieve las tensiones persistentes entre el sistema de control de drogas, los derechos de los pueblos indígenas y la evidencia científica.
La directora ejecutiva saliente de IDPC, Ann Fordham, reflexiona sobre la evolución de la política global de drogas, el crecimiento de la incidencia de la sociedad civil y la necesidad urgente de defender los logros alcanzados con tanto esfuerzo.
El informe abordará los desafíos en materia de derechos humanos y los enfoques con perspectiva de género en la legislación y la práctica, y contribuciones para el mismo serán recibidas hasta el 31 de marzo.
Esta colección busca reunir artículos e investigaciones que aborden el desafío global del acceso a opioides y el desarrollo de políticas basadas en evidencia para lograr una gestión del dolor equitativa, segura y sostenible.
La OMS ha mantenido la estricta clasificación internacional de la hoja de coca, conservando las restricciones pese a la evidencia sobre su seguridad y su uso ancestral por pueblos indígenas.
La Estrategia propuesta por la Comisión Europea pone mayor énfasis en la aplicación de la ley y el control fronterizo, lo que ha generado llamados a priorizar la reducción de daños, la vivienda, la atención comunitaria y enfoques basados en derechos.
Un informe del IDPC advierte que el resurgimiento de la retórica de la «guerra contra las drogas» y del «narcoterrorismo» por parte de Estados Unidos está justificando prácticas punitivas y violaciones del derecho internacional.
El impacto salvavidas de una red comunitaria de distribución de naloxona y una sala de consumo supervisado demuestra que priorizar el cuidado salva vidas.
Programas de reducción de daños respaldados por la investigación en Nueva York han revertido casi 2.000 sobredosis y reducido muertes, incluso mientras los recortes en la financiación federal amenazan su continuidad.
Principales países donantes han reducido sus compromisos con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, generando una brecha de financiación de miles de millones de dólares que amenaza con revertir décadas de avances y poner en riesgo millones de vidas. Más información, en inglés, está disponible abajo.
Especialistas en derechos humanos de la ONU expresaron serias preocupaciones sobre vacíos en la implementación, incluidas las condiciones y prácticas coercitivas en centros de tratamiento que operan sin supervisión adecuada.
