Expertos internacionales en derechos humanos instaron a poner fin a los ataques y a realizar una investigación independiente para garantizar la rendición de cuentas.
Tras seis décadas de prohibición, la OMS revisa la clasificación de la hoja de coca, reabriendo un debate histórico sobre ciencia, cultura y justicia en las políticas de drogas.
Fiocruz y organizaciones aliadas denuncian la operación policial letal en Río, condenan la seguridad militarizada y la necropolítica, y exigen políticas ciudadanas que prioricen la vida y los derechos.
El IDPC se une a líderes globales para presentar una declaración conjunta que condena la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, reconoce las reformas recientes y aboga por un cambio más profundo.
El IDPC participó en los debates temáticos de la CND de este año para pedir una reforma audaz y basada en la evidencia, instando a los gobiernos a apoyar al nuevo panel de expertos que revisa el sistema de control de drogas de la ONU y a garantizar la plena participación de la sociedad civil.
Los centros de rehabilitación de drogas sin licencia son lugares de detención arbitraria, castigos crueles, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Aunque participativa y ambiciosa, la Política Nacional de Drogas de Colombia corre el riesgo de quedarse en el papel por falta de una hoja de ruta clara.
El IDPC instó a los expertos a poner fin a una injusticia colonial, pidiendo que la hoja de coca sea desclasificada y que se reconozcan plenamente las tradiciones y los derechos de los pueblos indígenas.
Marie Nougier revela cómo las leyes punitivas sobre drogas devastan la vida de las mujeres, alimentando el encarcelamiento masivo y la desigualdad — y hace un llamado a políticas de drogas feministas, humanas y basadas en la evidencia, centradas en el cuidado y no en el castigo.
La cooperación internacional ofrece una oportunidad para alinear de manera coherente las políticas de drogas regionales con las normas de derechos humanos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
