La prohibición empuja a las personas que usan drogas y a las comunidades afectadas hacia la clandestinidad, el estigma y la violencia institucional, mientras desvía recursos de la salud y la protección social.
El Gobierno colombiano puede regular los clubes cannábicos sin esperar una nueva ley, ofreciendo seguridad jurídica, controles de salud pública y una alternativa inmediata al modelo prohibicionista.
La coalición global sostiene que los ataques de Estados Unidos a pequeñas embarcaciones son ilegales y devastadores para las economías de las comunidades costeras.
Las comunidades y la sociedad civil de EECA llaman a los gobiernos a garantizar que la Declaración Política sobre el VIH y el SIDA de 2026 proteja las respuestas lideradas por la comunidad, elimine las barreras punitivas y sostenga la reducción de daños.
La prórroga de emergencia de recetas vitales en el Líbano muestra cómo las respuestas sanitarias flexibles y basadas en derechos pueden proteger a las personas que usan drogas afectadas por la guerra y el desplazamiento.
The Lancet subraya cómo las leyes punitivas sobre drogas siguen alimentando el riesgo de VIH, el estigma y la exclusión de las personas que usan drogas, pese a los crecientes llamamientos a la reforma. Más información, en inglés, está disponible abajo.
La ofensiva atribuida a disidencias de las FARC volvió a poner el foco en el deterioro de la seguridad en la región y en el impacto de las economías ilegales sobre comunidades civiles.
Colombia llegó a la CND con avances diplomáticos importantes, pero también con contradicciones: una hoja de coca que sigue clasificada bajo el régimen internacional y una política interna que oscila entre la reforma y la represión.
El espacio de referencia para la atención a mujeres y personas de género diverso que usan drogas y viven situaciones de violencia y exclusion se enfrenta a la pérdida de su local por la no renovación de su contrato de alquiler.
Se aceptan contribuciones sobre cómo la colonialidad y las jerarquías raciales siguen moldeando la política de drogas, la gobernanza y la producción de conocimiento.
A coalition of 125 organisations warns of human rights implications, as well as the risk of legal responsibility for States collaborating in unlawful killings at sea.
