Ann Fordham (Directora Ejecutiva del IDPC) analiza las principales conclusiones y la importancia del último informe de la OACDH, señalando que su invocación a un cambio transformador incluye una recomendación sin precedentes para considerar la regulación responsable de los mercados de drogas ilegales.
La definición de grupos criminales involucrados en el negocio informal de las drogas como "terroristas" arriesga profundizar prejuicios y respuestas estatales represivas, en vez de disminuir la violencia.
La reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre las implicaciones de la política de drogas para los derechos humanos representa la resolución más ambiciosa y progresista en la materia hasta la fecha, y debería influir en el resultado de la próxima revisión intermedia de 2024 de la Declaración Ministerial de 2019.
En un espíritu de solidaridad con nuestra membresía, organizaciones socias, donantes y amigos, continuamos nuestra lucha por la justicia social, por los derechos humanos y para poner fin a la dañina "guerra contra las drogas".
El mantenimiento de las respuestas penales, la sobrerregulación del consumo y las barreras de entrada al mercado evidencian un marco que favorece a los sectores más privilegiados.
Ecuador plantea un reglamento para la regulación del cannabis con fines comerciales que prioriza a los grandes capitales y afianza respuestas punitivas al cultivo para uso personal.
En respuesta a las limitaciones impuestas por la situación de pandemia, las personas jóvenes han ideado nuevas formas de movilizarse en contra de las políticas de drogas punitivas.
Si bien las políticas represivas de drogas han armado al estado contra las comunidades de color, es lamentablemente crucial recordar que en parte fue diseñado para hacer precisamente eso.
En tiempos de coronavirus, el gobierno ecuatoriano avanza un proyecto sobre drogas que menoscaba los derechos constitucionales de las personas usuarias de drogas, a las que criminaliza, patologiza y despoja de autonomía.
