Entre 2000 y 2024, la población de mujeres privadas de la libertad creció un 212% en América Latina. Este incremento tiene una de sus explicaciones en el despliegue de políticas de drogas punitivas que persiguen, de manera desproporcionada, a mujeres provenientes de contextos con falta de oportunidades, que experimentan violencia de género y son discriminadas en el acceso a la justicia. En respuesta a este escenario, en 2015, organizaciones de la sociedad civil, investigadoras y activistas conformaron el Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento (GT, en adelante). Su objetivo es reducir el número de mujeres privadas de la libertad en América Latina mediante la generación de investigación y recomendaciones de política pública, desde un enfoque de género e interseccional.
