El evento se centra en los derechos y experiencias de las familias de personas privadas de la libertad, visibilizando el impacto del encarcelamiento en mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Activistas de todo el mundo se reunirán para impulsar compromisos concretos que pongan fin a la pena capital, protejan los derechos fundamentales y respondan a su resurgimiento.
IHRNGO y ECPM informan de que las ejecuciones en Irán alcanzaron su nivel más alto registrado desde 1989, y que los delitos relacionados con drogas representaron casi la mitad de todas las ejecuciones conocidas.
La ofensiva atribuida a disidencias de las FARC volvió a poner el foco en el deterioro de la seguridad en la región y en el impacto de las economías ilegales sobre comunidades civiles.
El Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento analiza cómo las políticas de drogas punitivas han impulsado el encarcelamiento de mujeres en América Latina y propone respuestas con enfoque de género e interseccional.
Se aceptan contribuciones sobre cómo la colonialidad y las jerarquías raciales siguen moldeando la política de drogas, la gobernanza y la producción de conocimiento.
IDPC presenta recomendaciones clave sobre cómo el panel de expertos puede involucrar de manera significativa a la sociedad civil, las comunidades directamente afectadas, los Pueblos Indígenas y la juventud en su trabajo.
A coalition of 125 organisations warns of human rights implications, as well as the risk of legal responsibility for States collaborating in unlawful killings at sea.
La reciente decisión de la OMS de mantener la clasificación internacional de la hoja de coca pone de relieve las tensiones persistentes entre el sistema de control de drogas, los derechos de los pueblos indígenas y la evidencia científica.
HRI documenta un fuerte aumento de las ejecuciones por delitos de drogas en 2025, evidenciando la persistente dependencia de políticas punitivas y sus devastadores impactos en los derechos humanos.
IDPC y organizaciones socias de la sociedad civil destacan las profundas desigualdades raciales en la aplicación de las leyes sobre drogas, instando a reformas para desmantelar el daño y la discriminación sistémicos.