Stenström et al. evalúan la criminalización de las drogas en Suecia, mostrando que no ha reducido el consumo problemático de drogas ni las muertes relacionadas con estas, y que, en cambio, es costosa, ineficaz y perjudicial.
El IDPC presenta un análisis de las alternativas disponibles a la encarcelación, mostrando algunas barreras y desafíos para acceder a medidas no privativas de libertad.
El ACNUDH resume las discusiones sobre la necesidad de un enfoque basado en los derechos y en la evidencia para la política de drogas, que incluya la descriminalización, la reducción de daños, la regulación legal y cambios estructurales en el régimen mundial de control de drogas.
El IDPC refleja los esfuerzos colectivos de la red por conseguir un mundo en el que las respuestas al consumo, cultivo, producción y suministro de drogas se basen en el bienestar, la solidaridad, la evidencia y la compasión.
Los políticos pueden tratar de utilizar la criminalización de las drogas en Oregón para presionar por políticas punitivas en Colombia, pero, debido a las diferencias en el contexto y la política, este es un argumento equivocado.
La ONUDD ofrece información actualizada sobre los mercados mundiales de la droga, las tendencias y la evolución de las políticas, incluido, por primera vez, un capítulo sobre el derecho a la salud y el consumo de drogas.
Sudáfrica se ha convertido recientemente en el primer país africano en legalizar el consumo y el cultivo de cannabis, pero persiste la incertidumbre sobre el comercio.
Actitudes y marcos reguladores cambiantes, referidos al cannabis y la psilocibina en los Estados Unidos, pueden permitir el acceso a enfoques innovadores para el tratamiento del dolor.
En Colombia, las grandes incautaciones de drogas indican una continuación de las políticas prohibicionistas, pero un reciente desarrollo a nivel internacional ofrece esperanza de una nueva era.
ICEERS publica un informe que analiza el estatus legal de la ayahuasca dentro de la ley portuguesa de drogas y aboga por más claridad legal y protección consistente contra la criminalización.
