La Fundación insta a una reforma de la legislación sobre drogas, que incluya la descriminalización, enfoques de salud liderados por el pueblo maorí e inversión en reducción de daños.
El IDPC insta a la Comisión Europea a garantizar que la próxima Estrategia sea equilibrada, basada en la evidencia y centrada en los derechos, priorizando la reducción de daños, la participación de la sociedad civil y la innovación política por encima de los enfoques punitivos.
La cooperación internacional ofrece una oportunidad para alinear de manera coherente las políticas de drogas regionales con las normas de derechos humanos.
Con motivo del Día Global de Acción 2025, miles de personas se movilizaron en 262 ciudades de 80 países para exigir políticas que garanticen el acceso a sistemas de atención y apoyo, en lugar de castigo.
Bewley-Taylor et al. consideran útil el GDPI para comparar políticas de drogas internacionales y sugieren mejoras para gestionar mejor la incertidumbre y la diversidad de datos.
ONUSIDA advierte que una crisis financiera global amenaza décadas de avances contra el VIH, a pesar de la resiliencia de las comunidades y la innovación nacional.
DPA insta a Estados Unidos a abandonar las estrategias de guerra contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la salud y los derechos humanos, mostrando cómo la prohibición global alimenta la violencia, la pobreza y las crisis de sobredosis.
Nelson y Klantschnig iluminan la relación de los cultivadores con los mercados regulados legalmente, incluidas respuestas críticas a modelos que descuidan su inclusión.
DPA y HRI condenan la contribución multibillonaria de EE. UU. a las respuestas punitivas, instando a una mayor transparencia y a un compromiso con un enfoque basado en los derechos.
Stenström et al. evalúan la criminalización de las drogas en Suecia, mostrando que no ha reducido el consumo problemático de drogas ni las muertes relacionadas con estas, y que, en cambio, es costosa, ineficaz y perjudicial.
