El IDPC se basa en un amplio abanico de datos procedentes de fuentes de las Naciones Unidas, gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para concluir que los avances en la consecución de los objetivos establecidos en la Declaración Ministerial sobre Drogas de 2019 han sido escasos, incompletos o nulos.
El informe alternativo se basa en datos de informes oficiales de la ONU y de los gobiernos, publicaciones de la sociedad civil e investigaciones académicas, así como en una encuesta de la sociedad civil compartida por nuestra amplia red de organizaciones miembras y socias.
La OMS se comprometió a asegurarse que la revisión no se dilatase y el Vicepresidente subrayó la importancia de un proceso abarcante, que incluya los usos tradicionales.
Este evento en línea arrojará luz sobre los principales avances de la ONU y sus implicaciones para la actual presión en favor de políticas de drogas que promuevan la justicia social y los derechos humanos.
Bolivia solicita una revisión crítica de la hoja de coca, argumentando que la clasificación actual va en contra de las pruebas científicas y vulnera los derechos, en particular de los pueblos indígenas.
La OACDH presenta al Consejo de Derechos Humanos su informe acerca del impacto del problema mundial de las drogas sobre los derechos humanos; el documento insta a los gestores de políticas a adoptar un enfoque de políticas de drogas centradas en la salud y los derechos humanos.
El presidente colombiano reconoció que la "guerra contra las drogas" ha fracasado y la nueva estrategia nacional busca transitar hacia un nuevo paradigma.
La Comisión de Asuntos del Interior pide al gobierno británico que revise su anticuada legislación sobre drogas y adopte un enfoque de salud pública respecto a estas sustancias.
El IDPC analiza los enfrentamientos entre los partidarios de la reforma y los del statu quo en la comunidad internacional, en medio de las tensiones relacionadas con la invasión de Ucrania por Rusia y los llamamientos cada vez más centrales hacia cambios sistémicos.
El IDPC se une a decenas de ONG en solicitar que la próxima conferencia sobre políticas de drogas entre Colombia y México marque distancia con el enfoque bélico y construya una estrategia regional basada en la evidencia, la salud pública, la participación y el respeto a los derechos humanos.