El ACNUDH resume las discusiones sobre la necesidad de un enfoque basado en los derechos y en la evidencia para la política de drogas, que incluya la descriminalización, la reducción de daños, la regulación legal y cambios estructurales en el régimen mundial de control de drogas.
IDPC y LANPUD se enfocan en indicadores clave de salud, el impacto de la criminalización y el estigma, y la disponibilidad de servicios de reducción de daños en Honduras.
El IDPC refleja los esfuerzos colectivos de la red por conseguir un mundo en el que las respuestas al consumo, cultivo, producción y suministro de drogas se basen en el bienestar, la solidaridad, la evidencia y la compasión.
Los políticos pueden tratar de utilizar la criminalización de las drogas en Oregón para presionar por políticas punitivas en Colombia, pero, debido a las diferencias en el contexto y la política, este es un argumento equivocado.
APCOM e IDPC instan al público, a las fuerzas del orden y a los responsables políticos de Tailandia a que ayuden a garantizar la igualdad y la equidad para las personas LGBTQ+ usuarias de drogas, especialmente en su acceso a los servicios sanitarios y sociales, y a acabar con el estigma y la discriminación de que son objeto.
La ONUDD ofrece información actualizada sobre los mercados mundiales de la droga, las tendencias y la evolución de las políticas, incluido, por primera vez, un capítulo sobre el derecho a la salud y el consumo de drogas.
El proyecto CAMBIE avanza la práctica del consumo supervisado integrando conocimientos globales y locales para prevenir sobredosis y detectar nuevas sustancias.
La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud explora la importancia de la reducción de daños en relación con el uso de drogas y las normas y políticas relacionadas.
En Colombia, las grandes incautaciones de drogas indican una continuación de las políticas prohibicionistas, pero un reciente desarrollo a nivel internacional ofrece esperanza de una nueva era.
En el 67° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), 59 estados – con el liderazgo de Colombia – piden a los Miembros que clasifiquen el problema mundial de las drogas como un problema de salud pública y prioricen las reformas que protejan los derechos humanos.
ONUSIDA subraya la necesidad de ampliar la acción y la inversión en objetivos relacionados con el VIH para las personas usuarias de drogas a través de enfoques de salud pública.
En esta sesión informativa sobre el 67º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU se debatieron los avances, los puntos muertos y las posibles vías de progreso para el régimen de control de drogas de la ONU.
