Desde asesinatos extrajudiciales hasta la denegación de acceso a medicinas bajo fiscalización para el manejo del dolor, las políticas de drogas represivas siguen siendo un importante factor que subyace a la violencia, sufrimiento y violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Trabajamos para asegurar que instituciones nacionales e internacionales reconozcan, prevengan y rectifiquen estos abusos.

La criminalización promueve el estigma, desvía recursos que corresponderían a servicios que salvan vidas, y crea serios y pertinaces obstáculos contra la salud y el bienestar. En vez de ello, el IDPC aboga por la descriminalización, un marco fundamental dentro del cual pueden construirse enfoques balanceados y orientados a la salud respecto a las drogas.

Ya sea por sobredosis, enfermedades transmisibles como el VIH y la hepatitis, carencia de analgesia, tratamientos ineficaces contra la dependencia a las drogas, estigma y discriminación, o tortura – las políticas punitivas de la “guerra contra las drogas” causan y exacerban daños y violan el derecho humano universal de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Nuestro trabajo promueve la prioridad de los resultados sanitarios sobre el castigo, para garantizar el acceso a servicios de reducción de daños, tratamiento y prevención basados en la evidencia y adecuadamente financiados, así como a medicamentos bajo fiscalización.