Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, recibió un país asolado por la violencia vinculada al narcotráfico, que le costó la vida a más de 60.000 mexicanos a lo largo de seis años. La “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, tuvo resultados calamitosos. No sólo no logró contener a
las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor.

El informe de 193 páginas, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, que ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales.

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