Smiley-McDonald y colegas encontraron que, a pesar de la descriminalización, las personas que usan drogas en Oregón continuaban enfrentándose a altos niveles de control policial, encarcelamiento y confiscación de drogas, mientras que la concientización sobre la descriminalización seguía siendo baja.
La Drug Policy Alliance (DPA) explica el modelo de descriminalización en Oregón, su reversión tras una campaña de desinformación, y los costos y daños de la recriminalización
IDPC y LANPUD se enfocan en indicadores clave de salud, el impacto de la criminalización y el estigma, y la disponibilidad de servicios de reducción de daños en Honduras.
Amnistía Internacional, UNJUST UK, HRI y el IDPC arrojan luz sobre las disparidades raciales en la acción policial sobre drogas y las violaciones de derechos humanos asociadas, instando a la descriminalización, la reorientación de los recursos hacia los sistemas de atención y una reforma equitativa.
APCOM e IDPC instan al público, a las fuerzas del orden y a los responsables políticos de Tailandia a que ayuden a garantizar la igualdad y la equidad para las personas LGBTQ+ usuarias de drogas, especialmente en su acceso a los servicios sanitarios y sociales, y a acabar con el estigma y la discriminación de que son objeto.
Michaud et. al. critican la participación central de la policía, que desplaza a los planteamientos de salud pública en la descriminalización de Columbia Británica.
En Colombia, las grandes incautaciones de drogas indican una continuación de las políticas prohibicionistas, pero un reciente desarrollo a nivel internacional ofrece esperanza de una nueva era.
En el acto se reconocieron los perjuicios de las políticas de drogas para los jóvenes y las personas marginadas, y se instó a dar prioridad al apoyo sobre el castigo.
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas exhorta la eliminación de la criminalización y del abandono que sufren las personas que consumen drogas y que alimentan estas pandemias mundiales, instando a la ampliación de los servicios y al reconocimiento del liderazgo comunitario.
Aunque ofrecen una vía para la no criminalización de la primera y segunda intervención en delitos de posesión de drogas, las elevadas multas conllevan el riesgo de perpetuar el involucramiento de las personas que usan drogas en el sistema legal penal, particularmente las más vulnerables.