Las comunidades y la sociedad civil de EECA llaman a los gobiernos a garantizar que la Declaración Política sobre el VIH y el SIDA de 2026 proteja las respuestas lideradas por la comunidad, elimine las barreras punitivas y sostenga la reducción de daños.
Una jornada global para recordar a quienes han perdido la vida por sobredosis, desafiar el estigma y exigir respuestas basadas en la evidencia para prevenir muertes evitables.
IHRNGO y ECPM informan de que las ejecuciones en Irán alcanzaron su nivel más alto registrado desde 1989, y que los delitos relacionados con drogas representaron casi la mitad de todas las ejecuciones conocidas.
Gannon et al. concluyen que el sesgo contra personas latinas puede aumentar el apoyo público a leyes punitivas de homicidio inducido por drogas en Estados Unidos, subrayando cómo los supuestos racializados siguen moldeando la política de drogas.
Acción Andina y el Programa Libertas describen cómo persisten las prácticas punitivas y las lógicas prohibicionistas en Bolivia, destacando las voces de las víctimas sobrevivientes.
La JIFE examina las crecientes presiones sobre el sistema mundial de fiscalización de drogas, desde las drogas sintéticas y el acceso a medicamentos hasta la situación de fragmentación en la CND.
Singh Kelsall et al. concluyen que prácticas policiales perjudiciales persistieron durante el piloto de despenalización en Columbia Británica y la posterior recriminalización, incluyendo confiscaciones, desplazamientos e interferencias en la respuesta a sobredosis.
La Estrategia propuesta por la Comisión Europea pone mayor énfasis en la aplicación de la ley y el control fronterizo, lo que ha generado llamados a priorizar la reducción de daños, la vivienda, la atención comunitaria y enfoques basados en derechos.
Perseus Strategies y sus aliados instan a la ONU a sustituir el lenguaje estigmatizante de la justicia penal por una terminología centrada en las personas, para promover un enfoque basado en los derechos humanos, la dignidad y la reintegración social.
La Corporación Mujeres Libres sostiene que cambiar el lenguaje con el que se nombra a las mujeres que están o han estado en prisión es un acto político esencial para desmontar el estigma, afirmar la dignidad y transformar las narrativas punitivas.
