COPOLAD muestra cómo estas iniciativas pueden promover la relevancia y la eficacia del desarrollo alternativo en territorios afectados por drogas distintos a los lugares rurales de cultivo ilícito.
Mientras un tercio se quedaría en Defensa y Policía, la mayoría de los fondos se dedicarán a inversión rural y desarrollo de productos legales a base de plantas bajo fiscalización.
El informe alternativo se basa en datos de informes oficiales de la ONU y de los gobiernos, publicaciones de la sociedad civil e investigaciones académicas, así como en una encuesta de la sociedad civil compartida por nuestra amplia red de organizaciones miembras y socias.
Si bien la nueva política es enfática sobre la protección de los derechos humanos y la inclusión de algunas comunidades marginadas, su capacidad de transformación dependerá de cómo se implemente.
Los estándares de participación y monitoreo del sistema de control social, así como sus consecuencias positivas, ofrecen aprendizajes para la regulación de los mercados de la coca y el cannabis.
Las políticas de "guerra contra las drogas" contribuyen a la destrucción de nuestro planeta. Por ello, la regulación ambientalmente sostenible debe formar parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
El TNI analiza el nexo entre drogas y el medio ambiente, sus implicancias para los trabajadores del campo, y cuestiona críticamente las respuestas de políticas de drogas y desarrollo a esta situación.
El cultivo de opio es un medio de obtener el sustento para muchos afganos, razón por la cual la exigencia de erradicación por parte de la comunidad internacional puede ser catastrófica.
WOLA pone de manifiesto los daños de la "guerra contra las drogas" de Estados Unidos en América Latina y a nivel nacional, y llama a una transición hacia una regulación que proteja los derechos humanos y promueva la salud, la igualdad de género y racial, la seguridad y la sostenibilidad medioambiental.
Los retos que plantean los mercados de drogas ilícitas en el continente africano hablan de las lagunas generalizadas en el acceso a medios de vida formales sostenibles.
El CESED y la Corporación Viso Mutop revelan graves fallas en la puesta en marcha de los compromisos del estado colombiano con el campesinado de las zonas cocaleras y, en particular, con las comunidades indígenas.
