La OMS ha mantenido la estricta clasificación internacional de la hoja de coca, conservando las restricciones pese a la evidencia sobre su seguridad y su uso ancestral por pueblos indígenas.
Mientras las Naciones Unidas ponen en marcha una profunda reforma institucional, un nuevo informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) lanza una advertencia contundente: la política internacional de drogas está fracasando.
IDPC evalúa el estado actual de la política internacional de drogas, analizando los avances logrados, identificando desafíos nuevos y persistentes, y formulando recomendaciones para el futuro de dicha política.
Zuluaga Duque y coautoras evidencian cómo las políticas de sustitución de coca siguen minando la autonomía de las mujeres al pasar por alto sus condiciones de explotación y exclusión, a pesar de su centralidad en el cultivo.
La “guerra contra las drogas” contra la cocaína alimenta la deforestación amazónica, fortalece al crimen organizado y pone en peligro a las comunidades indígenas, lo que evidencia la necesidad de una reforma basada en los derechos.
COPOLAD muestra cómo estas iniciativas pueden promover la relevancia y la eficacia del desarrollo alternativo en territorios afectados por drogas distintos a los lugares rurales de cultivo ilícito.
Mientras un tercio se quedaría en Defensa y Policía, la mayoría de los fondos se dedicarán a inversión rural y desarrollo de productos legales a base de plantas bajo fiscalización.
El informe alternativo se basa en datos de informes oficiales de la ONU y de los gobiernos, publicaciones de la sociedad civil e investigaciones académicas, así como en una encuesta de la sociedad civil compartida por nuestra amplia red de organizaciones miembras y socias.
Si bien la nueva política es enfática sobre la protección de los derechos humanos y la inclusión de algunas comunidades marginadas, su capacidad de transformación dependerá de cómo se implemente.
Los estándares de participación y monitoreo del sistema de control social, así como sus consecuencias positivas, ofrecen aprendizajes para la regulación de los mercados de la coca y el cannabis.
Las políticas de "guerra contra las drogas" contribuyen a la destrucción de nuestro planeta. Por ello, la regulación ambientalmente sostenible debe formar parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
