Singh Kelsall et al. concluyen que prácticas policiales perjudiciales persistieron durante el piloto de despenalización en Columbia Británica y la posterior recriminalización, incluyendo confiscaciones, desplazamientos e interferencias en la respuesta a sobredosis.
Michaud et al. concluyen que las personas participantes en el programa reportan mayor autonomía, mejor calidad de vida y relaciones terapéuticas más sólidas en comparación con experiencias previas en tratamiento con agonistas opioides.
Un informe del IDPC advierte que el resurgimiento de la retórica de la «guerra contra las drogas» y del «narcoterrorismo» por parte de Estados Unidos está justificando prácticas punitivas y violaciones del derecho internacional.
Programas de reducción de daños respaldados por la investigación en Nueva York han revertido casi 2.000 sobredosis y reducido muertes, incluso mientras los recortes en la financiación federal amenazan su continuidad.
Grupos de la sociedad civil rechazan el uso del paradigma de la “guerra contra las drogas” para justificar presión, injerencia e intervención sobre Venezuela, y advierten sobre militarización, violaciones de derechos humanos y precedentes peligrosos en la región
Este encuentro virtual reunirá a especialistas para analizar cómo la creciente militarización en las Américas está redefiniendo la geopolítica regional y justificando nuevas formas de violencia y restricciones a los derechos humanos.
A medida que la retórica del “narcoterrorismo” se instrumentaliza para intensificar la “guerra contra las drogas”, este evento analiza sus consecuencias para los derechos humanos y los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y proteger el derecho internacional.
Expertos internacionales en derechos humanos instaron a poner fin a los ataques y a realizar una investigación independiente para garantizar la rendición de cuentas.
La Red Legal sobre el VIH expone cómo las leyes punitivas refuerzan el racismo y el estigma, profundizan la desigualdad y ponen en riesgo la salud y la seguridad.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
La CIDH reafirmó que el encarcelamiento afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias y comunidades, y llamó a los estados a adoptar medidas que aseguren sus derechos.
