Fischer et al. evalúan cinco años de regulación del cannabis, incluyendo su relación con la reducción de contactos con el sistema legal penal y la prevalencia estable entre los jóvenes, así como tendencias relativas a visitas a salas de urgencia y a conducir vehículos bajo efectos del cannabis.
Al revisar los efectos de la regulación del cannabis, el gobierno debe garantizar la participación en la industria de esta sustancia de los pueblos indígenas y grupos racializados que históricamente figuran quienes más pierden en la "guerra contra las drogas".
Un reciente estudio elaborado en California desmiente el mito de que el consumo de drogas es el factor principal que impulsa que la gente se quede sin hogar; el estudio plantea eliminar la criminalización y estigmatización del consumo de drogas para facilitar el acceso a una vivienda segura y estable a personas sin hogar.
Los participantes declararon haber mejorado su salud y sus expectativas de vida, incluyendo la dependencia de las drogas callejeras, interacciones dañinas con la policía y exposición a la violencia.
McAdam et al. ponen a prueba varios modelos de umbrales para descriminalización en lo que respecta a su idoneidad e impacto para audiencias pertinentes.
El acuerdo se produce en un contexto de creciente violencia en Ecuador, así como de una larga historia de implicación de EEUU en la política de drogas latinoamericana.
Drug Policy Alliance plantea principios para orientar a gestores de políticas en el desarrollo de alternativas a las respuestas policiales, centradas en la persona y en la reducción de daños.
Aunque el proyecto de ley aún requiere aprobación del gobernador, la promulgación del Senado supone un paso importante hacia la promoción de un acceso seguro y regulado a sustancias psicodélicas en California.
Paradise et al. subrayan la importancia de incorporar las voces de personas sin hogar para el desarrollo de programas de vivienda y de tratamiento del consumo de sustancias.
La descriminalización está siendo tachada preventivamente como política fracasada por voces reaccionarias y culpada por problemas que subyacen de manera estructural y sistémica en el núcleo del consumo público de drogas.
Aunque la legalización de las sustancias psicodélicas es un paso positivo hacia la reforma de políticas mundiales referidas a drogas, ésta no debe hacerse a expensas de las comunidades indígenas, que vienen utilizando plantas psicoactivas para la curación emocional, física y espiritual desde hace siglos.
Bonn et al. responden a los críticos del modelo de suministro seguro, subrayando la importancia de éste para reducir las muertes accidentales por intoxicación con drogas, y para mejorar la salud y el bienestar de quienes las consumen.
