La Red Legal sobre el VIH expone cómo las leyes punitivas refuerzan el racismo y el estigma, profundizan la desigualdad y ponen en riesgo la salud y la seguridad.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
La CIDH reafirmó que el encarcelamiento afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias y comunidades, y llamó a los estados a adoptar medidas que aseguren sus derechos.
El ataque militar que causó la muerte de 11 personas plantea serias preocupaciones sobre legalidad, proporcionalidad y el uso de la fuerza letal en operaciones antidrogas.
Louise Beale Vincent, una activista muy querida e invaluable, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Sobrevivientes y la Unión de Sobrevivientes de Carolina del Norte, será recordada por su legado en la creación de movimientos y su compromiso con el cuidado de la comunidad.
Bailey E. Pridgen et al. revisan las políticas de intervención de reducción de daños a nivel estatal y federal en Estados Unidos, y llaman a reformar para eliminar barreras estructurales y legales existentes.
Singh Kelsall et al. sostienen que el retroceso en la descriminalización en Columbia Británica constituye una forma de violencia biopolítica, una masacre sancionada por el Estado disfrazada de política de salud pública.
Con el aumento de la producción de coca y las incautaciones de drogas poniendo en riesgo la ayuda estadounidense, Colombia debe elegir entre acatar las demandas de la "guerra contra las drogas" o afirmar una mayor independencia.
DPA insta a Estados Unidos a abandonar las estrategias de guerra contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la salud y los derechos humanos, mostrando cómo la prohibición global alimenta la violencia, la pobreza y las crisis de sobredosis.
Hedden-Clayton et al. analizan cómo la policía considera las incautaciones de drogas como medidas de seguridad, aunque estas aumentan el riesgo de sobredosis para las personas que usan drogas.
El retroceso en la descriminalización en Oregón ha llevado a miles de arrestos que alimentan ciclos perjudiciales de detención y liberación, sin mejoras en el acceso a vivienda, salud u otros apoyos.
