By Dave Bewley-Taylor

La 63ra sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND, o la Comisión) se celebró en Viena entre el 4 y el 6 de marzo de 2020. Aunque ahora parezca increíble, únicamente la cautelosa ausencia de unas pocas delegaciones y las advertencias sobre medidas de salud para neutralizar la amenaza del COVID-19 marcaron alguna diferencia entre esta reunión, realizada durante la fase inicial de la actual pandemia global, y las anteriores sesiones “normales”. De hecho, las expectativas eran relativamente bajas dado que la reunión de este año seguía al Segmento Ministerial de la Comisión de 2019, y al acuerdo multilateral sobre la Declaración Ministerial del mismo año. Una indicación de ello fue la propuesta de apenas cinco resoluciones para debate – aproximadamente la mitad del número usual durante años anteriores. Ello no obstante, como es crecientemente el caso, a lo largo de la semana aparecieron de forma hermanada los temas de complejidad y tensión en el sistema. Dicho en pocas palabras: los mercados ilegales de drogas se siguen caracterizando por su complejidad, fluidez y dinamismo. En respuesta a ello, se han producido crecientes divergencias entre las políticas nacionales para lidiar con dichos mercados, tanto entre los Estados mismos, como entre éstos y el sistema de la ONU a nivel internacional.

Las manifestaciones implícitas y explícitas de esta realidad se hicieron obvias desde la sesión de apertura. Por ejemplo, el Presidente de la CND, el Embajador Mansoor Ahmed Khan, habló de la “necesidad de entender los puntos de vista de los demás”. Mientras tanto, la nueva Directora Ejecutiva de ONUDD, la Sra. Ghada Fathi Waly, deliberadamente resaltó el mítico “espíritu de consenso de Viena”; que ella evidentemente encontró “muy inspirador” a su llegada a la capital de Austria. Sin embargo, en medio de algunos gratos puntos de acuerdo, incluyendo principalmente el acceso a las sustancias fiscalizadas para uso médico, el nuevo Cuestionario para los Informes Anuales de la ONUDD (ARQ, por sus siglas en inglés), y el respaldo –al menos a nivel de discurso–a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resultaba imposible ocultar una creciente divergencia. Dentro del Debate General, algunos países aún optaban por desplegar la terminología de un “mundo libre de drogas”, mientras que otros se mostraban más pragmáticos en su apoyo hacia políticas de drogas genuinamente basadas en un enfoque de derechos humanos y salud pública. Persiste, de hecho, una variación interpretativa sobre el concepto de derechos humanos, aunque ello no sea exclusivo a Viena.

Esta dinámica pudo apreciarse tanto en la sesión plenaria como en el Comité Plenario (Comittee of the Whole en inglés), en el que se negocian las resoluciones, en las perspectivas divergentes sobre la Posición Común del Sistemas de las Naciones Unidas sobre Políticas de Drogas de 2018, así como sobre el Equipo de Trabajo para la Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas, establecido por la Posición Común. Aunque no fuese la única delegación en hacerlo, puede afirmarse que la Federación Rusa fue la más airada y activa en oponerse a las referencias de apoyo a esta nueva iniciativa para mejorar la coherencia a través del sistema de la ONU, así como a la cooperación con los organismos de derechos humanos, y a un mejor acopio y análisis de datos. Y manteniendo su papel como el partidario más vociferante del formato vigente del sistema de fiscalización, la Federación Rusa también fue especialmente activa en el cuestionamiento de las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia respecto a la clasificación del cannabis como sustancia fiscalizada – cuestión que se presentó en varios momentos de la sesión y que, debido al reñido segundo aplazamiento de la votación por parte de la Comisión, se ha convertido en una cuestión muy difícil de manejar. Aunque éstas fueron mayormente eclipsadas por los debates respecto a las recomendaciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia, persistieron asimismo las tensiones alrededor de los mercados legalmente regulados para consumo no médico por parte de personas adultas, que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señaló legítimamente como un tema de constante inquietud. Ello obedece particularmente a los cambios legislativos declarados y potenciales en Luxemburgo y Nueva Zelanda.

Participando en una variedad de áreas temáticas, la sociedad civil asumió una vez más gran visibilidad y actividad en la CND de este año. Tanto como integrantes de delegaciones de estados como en delegaciones de ONGs, los representantes de la sociedad civil participaron en la organización de eventos paralelos, a menudo en colaboración con los Estados Miembros y agencias de la ONU, y formularon diversas declaraciones en la sesión plenaria. Más allá de ello, los actualmente formalizados “diálogos informales” entre sociedad civil y entidades de la ONU continuaron. Estos intercambios incluyeron diálogos con la Directora General de la ONUDD (aunque desafortunadamente ella no pudo asistir por motivos de salud), con el Presidente de la JIFE y –por primera vez– con representantes de la OMS. Si bien cualquier valoración sobre los resultados de la 63ra sesión debe enmarcarse actualmente en el contexto de la COVID-19, es justo concluir que, con la inescapable arena de la divergencia incrustada dentro de sus engranajes, la maquinaria de la CND continúa trajinando impulsada por el consenso, pero cada vez con mayor esfuerzo y agitación. Es cierto que este año, al igual que en sesiones recientes, el sistema ha podido tolerar la divergencia a alto nivel entre la búsqueda de un “mundo libre de drogas” y una preferencia por enfoques orientados a la reducción de daños y a la gestión de los mercados, e incluso en cierto grado, sobrellevar puntos de vista distintos sobre los derechos humanos. Pero tal como lo revelaron los eventos ocurridos en marzo, se requieren esfuerzos cada vez mayores para mantener los engranajes en marcha de acuerdo con las instrucciones de uso.

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