El IDPC aborda las tensiones a las que se enfrenta la JIFE, y el régimen mundial de fiscalización de drogas en su conjunto, en relación con el creciente número de jurisdicciones que adoptan mercados regulados legalmente, y concluye sobre la necesidad de reforma y modernización.
Dejusticia defiende la importancia de un marco fiscal centrado en la financiación de los objetivos de reducir el mercado ilegal, preservar la salud pública y ayudar a las poblaciones afectadas por la política de drogas.
La propuesta regularía la concesión de licencias para las actividades de producción, distribución y venta al menudeo, así como para establecer cooperativas de productores y permitir el cultivo individual para consumo personal.
Contrariamente al régimen de prohibición, el cual favorece productos de mayor potencia en aras de maximizar las ganancias, la regulación legal puede asegurar un cuidadoso equilibrio para proteger la salud pública.
El TNI ilustra cómo significativas asimetrías de poder han permitido a las corporaciones definir sus condiciones de participación en los mercados emergentes de cannabis.
No reconocer las tensiones de la propuesta con las convenciones internacionales sobre drogas y la legislación de la UE, supone un tremendo riesgo legal y estratégico.
La coalición Acciones para el Cambio ofrece soluciones basadas en la evidencia para responder a los retos más urgentes en materia de drogas en Colombia.
Representantes del gobierno sostienen que la prohibición ha fracasado en detener la expansión del mercado informal, prevenir daños, garantizar la seguridad y proteger la salud.
Aunque el gobierno colombiano deberá andar con mucho cuidado, cuenta con amplio margen para efectuar cambios sin provocar una reacción violenta por parte de Washington.
