El IDPC analiza el Informe anual de la JIFE de 2017, haciendo hincapié en los contenidos de su prólogo, su capítulo temático sobre tratamiento y los apartados sobre salud, derechos humanos y políticas sobre el cannabis.
La Cruz Roja y la Media Luna Roja recomiendan implementar estrategias de prevención de sobredosis que empoderen a las comunidades y amplíen el acceso a la naloxona.
Estudios preliminares sugieren que las tasas de resolución de delitos mejoran en las jurisdicciones donde la persecución del cannabis deja de ser prioridad.
Los autores subrayan la eficacia comprobada de estas intervenciones de reducción de daños y la importancia de seguir investigando sobre su implementación.
OSF sugiere nuevos enfoques para el ejercicio de la función policial que centren la reducción de riesgos y el apoyo a las comunidades, en vez del castigo y la represión.
HRI ofrece una visión de conjunto que apunta a una seria falta de financiamiento por parte de los gobiernos a programas de reducción de daños, y cómo esto a llevado a un incremento en la transmisión del VIH en todo el mundo.
ONUSIDA analiza el progreso en la lucha contra la epidemia del Sida, notando que la respuesta mundial se ha descarrilado dramáticamente. Las personas que usan drogas inyectables tienen una probabilidad de contraer el virus 22 veces superior a la población en general.
El Instituto Igarapé detalla cómo las políticas de mano dura, incluyendo las políticas de drogas, atizan la violencia en el continente, obstaculizan el desarrollo e infringen los derechos humanos.
