Por Jérôme Mangelinckx y Milagros Nataly Parrilla

El presente protocolo tiene por finalidad mejorar las condiciones de acceso a la justicia para mujeres privadas de libertad en casos de tráfico ilícito de drogas en el Perú y busca orientar la asistencia legal prestada por estudiantes de derecho, abogados litigantes y defensores públicos. Una de las funciones de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia es definir los estándares de calidad del servicio de defensa pública a nivel nacional, la misma que se encuentra prevista en el artículo 5, inciso e, del Reglamento de la Ley del Servicio de la Defensa Pública (Ley 29360). Es por ello que, para mejorar los servicios que brinda la Defensa Pública y Acceso a la Justicia a favor de los internos privados de libertad, es necesario fortalecerla a través de la especialización de los defensores públicos en la atención a mujeres privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional por delitos de tráfico ilícito de drogas. Este protocolo tiene como propósito brindar al defensor público una herramienta útil de gestión, para desempeñar su labor de manera eficiente y eficaz a favor de estas mujeres que, en muchos casos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y representan los últimos eslabones de la cadena del tráfico ilícito de drogas. Muchas mujeres se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. En efecto, son madres solteras, jefas de hogar a cargo de sus hijos u otros familiares, con bajo nivel de educación, pobres, etcétera. Las mujeres no son visibilizadas en el sistema de administración de justicia, ya que son minoría y, por ende, sus necesidades más básicas son desatendidas. Finalmente, cabe recordar que sufren una doble estigmatización, ya que su encarcelamiento significa que, además de ser delincuentes, no cumplieron con su rol de madre, esposa o cuidadora asignado tradicionalmente por la sociedad.