By Ana Jimena Bautista Revelo, Blanca Capacho Niño, Luis Felipe Cruz Olivera, Margarita Martínez Osorio, Isabel Pereira Arana, Lucía Ramírez Bolívar

En Colombia, la prohibición de las drogas, mejor conocida como la “guerra contra las drogas”, ha sido el caldo de cultivo en el que han confluido el conflicto armado, la pobreza, la marginalidad y la estigmatización. La coca, planta sagrada para algunas personas y maldita para otras, fuente de vida o de muerte, está en el centro del debate de la construcción de Estado y de paz en el país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), Colombia reporta actualmente 146.000 hectáreas de coca;1 en el marco del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el país tiene la enorme presión de reducir esa cifra como condición para la paz territorial y para la llegada de los servicios del Estado a aquellas zonas históricamente marginales. Pero detrás de todo número, de toda hectárea de coca cultivada y de toda guerra, hay personas intentando sobrevivir a unas condiciones hostiles y a la débil presencia estatal en regiones rurales periféricas; lo que la cifra de hectáreas cultivadas de coca no muestra es el nivel de pobreza, exclusión y resistencia de quienes habitan en los territorios cocaleros, de aquellos que en el campo cultivan coca y se insertan en los diferentes ciclos de esta economía para paliar la pobreza y sobrevivir a situaciones cotidianas de violencia y opresión.