El Foro instó a la adopción de resoluciones periódicas del Consejo de Derechos Humanos, una más robusta coordinación de la ONU, el funcionamiento de un grupo de expertos y el mantenimiento del financiamiento para la reducción de daños, resaltando como prioridades fundamentales los derechos indígenas, la descriminalización y la inclusión de la sociedad civil.
EHRA analiza los vínculos entre la “guerra contra las drogas” y las represiones más amplias contra “agentes extranjeros”, discursos relacionados con drogas y comunidades LGBTQI+.
INPUD advierte que los recortes abruptos en la ayuda exterior de EE. UU. han devastado los servicios de reducción de daños, dejando a las personas que usan drogas sin atención vital, provocando el colapso de servicios, pérdida de empleos y una inminente crisis de derechos humanos.
YouthRISE Nigeria presenta la respuesta de Nigeria en materia de reducción de daños en el contexto de su marco legal, destacando vacíos clave en las políticas, dinámicas institucionales y oportunidades emergentes para el cambio.
DPA insta a Estados Unidos a abandonar las estrategias de guerra contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la salud y los derechos humanos, mostrando cómo la prohibición global alimenta la violencia, la pobreza y las crisis de sobredosis.
Esta publicación ofrece aportes al debate sobre el uso de la tierra y la justicia climática, arrojando luz sobre las dinámicas derivadas de las actuales políticas de drogas en Brasil.
PRI y TIJ destacan cifras récord de población carcelaria, hacinamiento y violaciones de derechos — instando a reformar las políticas de drogas, adoptar medidas no privativas de libertad y poner la experiencia vivida al centro de la toma de decisiones.
IDPC y ONG aliadas exponen cómo las políticas de drogas militarizadas alimentan ejecuciones extrajudiciales y abusos sistémicos, y hacen un llamado urgente a reformas globales para proteger los derechos humanos y acabar con la falta de rendición de cuentas.
La próxima estrategia ofrece la oportunidad de remediar la falta de apoyo adecuado a los servicios para reducción de daños y para promover resultados y derechos referidos a salud.
El monitoreo de la sociedad civil por parte de C-EHRN identifica avances necesarios pero desiguales en tratamiento y acceso, denunciando desafíos persistentes en financiamiento, legislación, estigma y voluntad política.
La encuesta de INPUD destaca los efectos devastadores de los recortes de ayuda exterior en los programas de reducción de daños y las redes comunitarias, llamando a mecanismos de financiación de emergencia, más apoyo nacional y mayor incidencia política.
Health Poverty Action propone reestructurar los mercados ilegales para priorizar la salud pública, la equidad y la sostenibilidad en lugar de reproducir prácticas de mercado dañinas.
