La sociedad civil expone los daños punitivos y las violaciones de derechos, e insta a un giro hacia la salud, la reducción de daños, la descriminalización, la reforma de la justicia y los medios de vida alternativos sostenibles.
El Foro instó a la adopción de resoluciones periódicas del Consejo de Derechos Humanos, una más robusta coordinación de la ONU, el funcionamiento de un grupo de expertos y el mantenimiento del financiamiento para la reducción de daños, resaltando como prioridades fundamentales los derechos indígenas, la descriminalización y la inclusión de la sociedad civil.
El equipo de BOOST explica cómo ampliar la reducción de daños liderada por la comunidad es clave para lograr equidad, impacto y avances reales en la respuesta al VIH.
Bewley-Taylor et al. consideran útil el GDPI para comparar políticas de drogas internacionales y sugieren mejoras para gestionar mejor la incertidumbre y la diversidad de datos.
EHRA analiza los vínculos entre la “guerra contra las drogas” y las represiones más amplias contra “agentes extranjeros”, discursos relacionados con drogas y comunidades LGBTQI+.
INPUD advierte que los recortes abruptos en la ayuda exterior de EE. UU. han devastado los servicios de reducción de daños, dejando a las personas que usan drogas sin atención vital, provocando el colapso de servicios, pérdida de empleos y una inminente crisis de derechos humanos.
YouthRISE Nigeria presenta la respuesta de Nigeria en materia de reducción de daños en el contexto de su marco legal, destacando vacíos clave en las políticas, dinámicas institucionales y oportunidades emergentes para el cambio.
DPA insta a Estados Unidos a abandonar las estrategias de guerra contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la salud y los derechos humanos, mostrando cómo la prohibición global alimenta la violencia, la pobreza y las crisis de sobredosis.
Esta publicación ofrece aportes al debate sobre el uso de la tierra y la justicia climática, arrojando luz sobre las dinámicas derivadas de las actuales políticas de drogas en Brasil.
PRI y TIJ destacan cifras récord de población carcelaria, hacinamiento y violaciones de derechos — instando a reformar las políticas de drogas, adoptar medidas no privativas de libertad y poner la experiencia vivida al centro de la toma de decisiones.
IDPC y ONG aliadas exponen cómo las políticas de drogas militarizadas alimentan ejecuciones extrajudiciales y abusos sistémicos, y hacen un llamado urgente a reformas globales para proteger los derechos humanos y acabar con la falta de rendición de cuentas.
La próxima estrategia ofrece la oportunidad de remediar la falta de apoyo adecuado a los servicios para reducción de daños y para promover resultados y derechos referidos a salud.
