El monitoreo de la sociedad civil por parte de C-EHRN identifica avances necesarios pero desiguales en tratamiento y acceso, denunciando desafíos persistentes en financiamiento, legislación, estigma y voluntad política.
La encuesta de INPUD destaca los efectos devastadores de los recortes de ayuda exterior en los programas de reducción de daños y las redes comunitarias, llamando a mecanismos de financiación de emergencia, más apoyo nacional y mayor incidencia política.
Health Poverty Action propone reestructurar los mercados ilegales para priorizar la salud pública, la equidad y la sostenibilidad en lugar de reproducir prácticas de mercado dañinas.
Transform analiza los gastos e ingresos en tres escenarios de mercado posteriores a la prohibición en el Reino Unido, señalando posibles beneficios netos anuales para el Tesoro de hasta £1.5 mil millones.
IDPC, HRI y Youth RISE destacan cómo las políticas de drogas exacerban la pobreza a través de la exclusión de la vivienda, los beneficios sociales, la educación y el empleo, reforzando el estigma y la discriminación.
El foro exploró estrategias innovadoras para transformar las políticas de drogas, priorizando enfoques centrados en las personas, reducción de daños y desarrollo sostenible.
Youth RISE explora estrategias de reducción de daños que enfatizan la inclusión, abordan los determinantes sociales de la salud y se adaptan a diversos contextos.
De cara a la 77ª sesión del CESCR de la ONU, el IDPC apoya tres presentaciones audaces en Kenia y el Reino Unido, evaluando sus políticas de drogas y registros de derechos humanos, y exigiendo una reforma urgente.
SWAN analiza el impacto de las identidades interseccionales en la justicia social y ofrece recomendaciones para mejorar los servicios, los programas basados en derechos y la incidencia política.
La WHRIN cataloga los servicios para reducción de daños con perspectiva de género en todo el mundo, resaltando una marcada disparidad entre necesidades y disponibilidad de éstos, impulsada por la criminalización y el estigma.
Instituto RIA e Intersecta advierten un recrudescimiento de la "guerra contra las drogas", con mayor criminalización de personas marginalizadas y restricciones en el accceso a derechos y servicios.
