Hedden-Claytone et al. exploran el poder de un programa educativo de reducción de daños diseñado para las personas que suministran drogas en la mitigación de daños.
Nelson y Nnam analizan cómo el entorno socio-legal de Nigeria impacta el uso de cannabis de las mujeres jóvenes, haciendo un llamado a intervenciones a nivel estructural para fomentar un uso más seguro.
Este conjunto de herramientas ayuda a los proveedores de servicios a comprender las necesidades de las personas trans, no conformes con el género y no binarias en los programas de servicios de jeringuillas.
IDPC y LANPUD se enfocan en indicadores clave de salud, el impacto de la criminalización y el estigma, y la disponibilidad de servicios de reducción de daños en Honduras.
El IDPC refleja los esfuerzos colectivos de la red por conseguir un mundo en el que las respuestas al consumo, cultivo, producción y suministro de drogas se basen en el bienestar, la solidaridad, la evidencia y la compasión.
El IDPC destaca las crecientes tensiones de la última sesión de la CND, en la que destacaron las divisiones geopolíticas y los desafíos al paradigma punitivo del control de drogas, potenciados por la sociedad civil.
ONUSIDA destaca la importancia de la inversión, la reforma de políticas y la lucha contra las desigualdades para acabar con el sida como una amenaza pública para el año 2030.
El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza pide que se abandonen las medidas punitivas y se reconozca la reducción de daños como marco para abordar las vulnerabilidades específicas de las personas usuarias de drogas.
COPOLAD publica una guía para las personas que trabajan con las comunidades de la diversidad sexual en México que usan sustancias psicoactivas, ofreciendo un abordaje desde una perspectiva centrada en las personas y sus contextos.
COPOLAD publica una guía con información actualizada para que instituciones y organizaciones implementen estrategias que aborden su prevalencia e impacto, respetando los derechos humanos.
COPOLAD muestra cómo estas iniciativas pueden promover la relevancia y la eficacia del desarrollo alternativo en territorios afectados por drogas distintos a los lugares rurales de cultivo ilícito.
