TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
La Fundación insta a una reforma de la legislación sobre drogas, que incluya la descriminalización, enfoques de salud liderados por el pueblo maorí e inversión en reducción de daños.
Productores y consumidores tradicionales de hoja de coca rechazan la postura de su gobierno ante la OMS, instando a la organización a excluir la coca de las listas, reconocer sus usos culturales y medicinales, y respaldar la investigación y las políticas basadas en derechos.
La Red Legal sobre el VIH expone cómo las leyes punitivas refuerzan el racismo y el estigma, profundizan la desigualdad y ponen en riesgo la salud y la seguridad.
La OMS subraya el carácter esencial y vital de este servicio de reducción de daños, y ofrece estrategias prácticas para prevenir y gestionar las interrupciones.
El IDPC insta a la Comisión Europea a garantizar que la próxima Estrategia sea equilibrada, basada en la evidencia y centrada en los derechos, priorizando la reducción de daños, la participación de la sociedad civil y la innovación política por encima de los enfoques punitivos.
La CIDH reafirmó que el encarcelamiento afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias y comunidades, y llamó a los estados a adoptar medidas que aseguren sus derechos.
El PNUD traza un giro en la política de drogas centrado en los derechos y el desarrollo, priorizando la descriminalización, la reducción de daños, las transiciones basadas en la equidad y vías prácticas para regular responsablemente algunos mercados de drogas.
EHRA, Union for Equity and Health y PULS instan al Comité a examinar las políticas punitivas de drogas de Moldavia, que criminalizan a las personas que usan drogas, restringen el acceso a la salud y al empleo, y profundizan el estigma.
El Comité de la OMS revisa la química, farmacología y usos de la hoja de coca, señalando posibles efectos terapéuticos, baja toxicidad y escasa evidencia de potencial de dependencia.
IDPC y A la Orilla del Río evidencian cómo el prohibicionismo sigue marcando la vida de jóvenes en la Amazonia colombiana, donde las brechas entre discurso y práctica en las escuelas perpetúan la estigmatización y niegan garantías reales de derechos.
LANPUD y el consorcio ALEP+PC evidencian la brecha entre ley y realidad, marcada por estigma y criminalización, y llaman a descriminalizar, financiar la reducción de daños, aprobar leyes antidiscriminación y garantizar la participación y rendición de cuentas con las personas que viven con VIH y usan drogas.
