Klantschnig et al. muestran cómo las narrativas estatales dominantes suprimen las perspectivas comunitarias, refuerzan la prohibición y marginan los medios de vida, revelando por qué el cambio significativo sigue siendo esquivo.
Gunaratne et al. revelan altos niveles de sobredosis no mortales e identifican factores estructurales, conductuales y de salud que exigen una ampliación urgente de la reducción de daños, el apoyo en salud mental y la prevención de sobredosis.
Harm Reduction International describe una « paradoja global » en la que el creciente reconocimiento político y la resiliencia comunitaria chocan con recortes de financiación devastadores que hoy amenazan décadas de avances en la reducción de daños.
ONUSIDA examina las amenazas que enfrenta la respuesta al VIH, incluidos los recortes de financiación, el aumento de la criminalización y la creciente violencia de género, y exhorta a adoptar medidas audaces para proteger los avances y construir sistemas de atención sostenibles liderados por las comunidades.
Romero señala que el desmantelamiento de la ayuda global y de las vías de participación cívica supone una amenaza existencial para los objetivos de gobernanza basada en derechos de la ONU.
Intersecção analiza cómo la prohibición de las drogas impulsa la deforestación, la violencia y la desigualdad en la región, vinculando la “guerra contra las drogas” con la crisis climática global y llamando a una reducción ecológica de daños y una regulación basada en derechos.
Daniels et al. analizan cómo el financiamiento, la asistencia técnica y los intereses corporativos perpetúan el poder neocolonial a través del control de drogas, e instan a desmantelar estos sistemas en favor de una reforma basada en los derechos humanos.
El PNUD ofrece orientaciones para asegurar que las tecnologías digitales aplicadas al VIH y la salud se utilicen de manera ética, protejan los derechos humanos y promuevan la equidad en la era digital.
IDPC reflexiona sobre un año de resiliencia y cambio, impulsando la descriminalización, la reducción de daños, la regulación responsable y la reforma de las políticas internacionales de drogas, mientras defiende a la sociedad civil y los derechos en medio de recortes de financiamiento y turbulencias políticas.
White et al. sostienen que la evidencia científica, cultural y jurídica distingue claramente la coca de la cocaína, y que la política mundial de drogas debe corregir esta antigua clasificación errónea arraigada en prejuicios coloniales.
TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
La Fundación insta a una reforma de la legislación sobre drogas, que incluya la descriminalización, enfoques de salud liderados por el pueblo maorí e inversión en reducción de daños.
