ONUSIDA, el PNUD e INPUD sintetizan modelos para apoyar respuestas al VIH basadas en derechos, y ofrecen principios clave, buenas prácticas y perspectivas de personas que usan drogas y especialistas.
El IDPC saluda la Resolución 60/26 como una afirmación histórica de la autoridad del Consejo para abordar las implicaciones en derechos humanos de la política de drogas, fortaleciendo el sistema de derechos humanos de la ONU y reforzando los llamamientos a favor de políticas de drogas basadas en la salud, los derechos y la evidencia a nivel mundial.
Singh Kelsall et al. concluyen que prácticas policiales perjudiciales persistieron durante el piloto de despenalización en Columbia Británica y la posterior recriminalización, incluyendo confiscaciones, desplazamientos e interferencias en la respuesta a sobredosis.
Harris et al. concluyen que proporcionar equipos de inhalación junto con formación al personal facilita relaciones más sólidas entre proveedores y personas que usan crack.
Michaud et al. concluyen que las personas participantes en el programa reportan mayor autonomía, mejor calidad de vida y relaciones terapéuticas más sólidas en comparación con experiencias previas en tratamiento con agonistas opioides.
Obregón et al. concluyen que el primer servicio de análisis de sustancias liderado por pares en eventos musicales en Chile revela niveles significativos de adulteración y subraya la necesidad de ampliar los servicios de reducción de daños.
La evaluación concluye sobre una alta satisfacción entre las personas participantes, la ausencia de incidentes significativos de orden público e indicios tempranos de una reducción a la dependencia del mercado ilícito.
Elementa DDHH analiza cómo los clubes cannábicos pueden integrarse en marcos legales estrictos para reducir daños, reforzar derechos y disminuir el contacto con el mercado ilícito en Colombia.
La OMS, ONUSIDA y la UNODC ofrecen orientación paso a paso para implementar y ampliar estos programas esenciales de reducción de daños para prevenir el VIH, la hepatitis C y las sobredosis.
IDPC evalúa el estado actual de la política internacional de drogas, analizando los avances logrados, identificando desafíos nuevos y persistentes, y formulando recomendaciones para el futuro de dicha política.
Schneider et al. sostienen que la criminalización del trabajo sexual y del uso de drogas empuja a las jóvenes trabajadoras sexuales a situaciones de mayor riesgo, socava la salud y los derechos, y llaman a la descriminalización, al suministro seguro y a la reducción de daños liderada por pares.
Perseus Strategies y sus aliados instan a la ONU a sustituir el lenguaje estigmatizante de la justicia penal por una terminología centrada en las personas, para promover un enfoque basado en los derechos humanos, la dignidad y la reintegración social.
