De cara a la 77ª sesión del CESCR de la ONU, el IDPC apoya tres presentaciones audaces en Kenia y el Reino Unido, evaluando sus políticas de drogas y registros de derechos humanos, y exigiendo una reforma urgente.
SWAN analiza el impacto de las identidades interseccionales en la justicia social y ofrece recomendaciones para mejorar los servicios, los programas basados en derechos y la incidencia política.
La evaluación del IDPC del capítulo sobre el derecho a la salud del informe mundial sobre drogas sugiere que la ONUDD prioriza sus propios intereses políticos sobre los impactos negativos de la « guerra contra las drogas » y las guías normativas más recientes en la materia.
El informe de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA describe de manera cualitativa los obstáculos para alcanzar metas globales para la prestación de servicios referidos a VIH/SIDA a cargo de la comunidad, invocando un financiamiento equitativo y resiliencia contra los movimientos anti-derechos.
La WHRIN cataloga los servicios para reducción de daños con perspectiva de género en todo el mundo, resaltando una marcada disparidad entre necesidades y disponibilidad de éstos, impulsada por la criminalización y el estigma.
ONUSIDA hace un llamado a una respuesta bien financiada, basada en evidencia y que afirme los derechos humanos para contrarrestar la amenaza de la continuación y resurgimiento de la pandemia.
Instituto RIA e Intersecta advierten un recrudescimiento de la "guerra contra las drogas", con mayor criminalización de personas marginalizadas y restricciones en el accceso a derechos y servicios.
DPA y HRI condenan la contribución multibillonaria de EE. UU. a las respuestas punitivas, instando a una mayor transparencia y a un compromiso con un enfoque basado en los derechos.
El IDPC se complació de unirse al lanzamiento de la Carta, acogiendo con satisfacción su compromiso con la participación de la sociedad civil y animando al liderazgo político a dotar de recursos su aplicación.
La Comisión Global de Políticas sobre Drogas expone el papel de las políticas prohibicionistas en el fomento de las inequidades y ofrece una hoja de ruta para la reforma, que incluye medidas de reducción de daños, descriminalización y la regulación legal de los mercados de drogas.
El Comité recomienda la descriminalización, la mejora de las opciones de tratamiento, la ampliación de los servicios de reducción de daños y el abordaje de la inequidad social.
