La ONUDD ofrece una visión general de los mercados de drogas y los retos relacionados con la salud, la degradación del medio ambiente y los conflictos.
Scher et al. destacan, basándose en entrevistas con personas que usan drogas, cómo la criminalización de las drogas da forma a experiencias de estigma estructural, social y propio.
Rigoni et al. resumen las opiniones de personas expertas y público sobre la regulación de la MDMA recogidas en relación con una instalación pop-up (la "tienda XTC") en Utrecht (Países Bajos) destacando el apoyo a un mercado estrictamente regulado para los productos de MDMA.
Mainline revisa los actuales programas de reducción de daños en Nepal desde la perspectiva de las mujeres que se inyectan drogas, y formula recomendaciones para mejorar la prestación de servicios.
PRI y TIJ ofrecen una visión general de la situación actual y destacan cómo la criminalización de las drogas sigue siendo un factor clave que contribuye al aumento de la población carcelaria mundial y al hacinamiento en las prisiones.
El OEDT arroja luz sobre las nuevas tendencias, retos e implicaciones políticas del consumo de drogas en Europa hasta finales de 2022, revelando una amplia disponibilidad de sustancias y una mayor necesidad de servicios de reducción de daños.
El Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre VIH y Derechos Humanos sostiene que la criminalización es perjudicial y mortal, alimenta la pandemia del VIH y fomenta las violaciones de los derechos humanos.
La UNAD propone recomendaciones en términos de reformas a políticas penales, participación de la sociedad civil y mayor financiación a políticas de drogas y adicciones.
La Iniciativa Futuros Cívicos explora (entre otras "guerras") el impacto que la opresiva y militarizada "guerra contra las drogas" de Duterte tuvo en Filipinas sobre el espacio cívico de aquellas actores opuestos a las políticas referidas a drogas, y documenta los abusos cometidos en el marco de estas políticas.
Barnett et al. descubrieron que los afrodescendientes y otros grupos racializados de los EE.UU. tienen menos probabilidades de obtener recetas de buprenorfina, naloxona y benzodiacepinas que sus contrapartes caucásicos.
Rhodes y Lancaster sostienen que las respuestas estatales a las crisis de muertes por drogas rara vez tienen en cuenta las causas a largo plazo que impulsan una muerte prematura de quienes consumen drogas.
