Informe regional sobre derechos de las personas con VIH que usan drogas en América Latina

El presente informe regional expone un análisis detallado de la situación que enfrentan las Personas con vih que usan drogas (PvUD) en relación con el ejercicio de sus derechos, a la no discriminación, a la salud y a no sufrir detención ni encarcelamiento arbitrario. Este estudio, promovido por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas (LANPUD) y financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria, se inscribe dentro de la subvención multipaís denominada "Mejorando la calidad de vida y el disfrute de los derechos humanos hacia el buen vivir de las personas con vih y poblaciones clave de América Latina / Abya Yala". La ejecución de la subvención está a cargo de diez redes regionales de Personas con vih (Pvih) y Poblaciones Clave (PC), en colaboración con HIVOS, a través del Consorcio Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP+PC).

El estudio se planteó como objetivo general analizar la situación de las PvUD respecto a los derechos mencionados, con la finalidad de generar evidencia y recomendaciones orientadas a la reforma de políticas públicas que garantizan su protección. Los objetivos específicos que guiaron la investigación fueron:

Documentar el marco legal y normativo concerniente a los derechos a la no discriminación, a la salud, ya no sufrir detención ni encarcelamiento arbitrario en los diez países seleccionados, identificando tanto las ausencias como las necesidades de reforma.

Identificar las discrepancias existentes entre las prácticas institucionales y las experiencias vividas por las PvUD, así como las barreras que obstaculizan y las buenas prácticas que facilitan el ejercicio de sus derechos.

La investigación se desarrolló en diez países de América Latina, específicamente: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. La selección de estos países respondió a criterios de conveniencia y al alcance geográfico de la subvención ALEP+PC, buscando incluir una diversidad representativa en términos geográficos, socioeconómicos, culturales y políticos dentro de la región.

La metodología del estudio adoptó un enfoque mixto, combinando el análisis documental (de jure) con la investigación de campo (de facto). El análisis de jure implicó la revisión exhaustiva de la legislación nacional de cada país, con foco en las disposiciones relacionadas con los derechos objeto de estudio. El análisis de facto se basó en la recolección de datos primarios mediante la aplicación de encuesta autoadministrada, la realización de entrevistas semiestructuradas y la conducción de entrevistas grupales. Además, se empleó la Técnica del Semáforo como herramienta para la evaluación y presentación de los hallazgos.

La realización de este estudio requirió la colaboración de diversas personas e instituciones. Se extiende un especial agradecimiento a las PvUD, quienes aportaron testimonios y experiencias fundamentales para la investigación.

Asimismo, se reconoce la contribución de los referentes clave y de las organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que brindaron su apoyo. Se garantiza la preservación del anonimato y la confidencialidad de todas las personas participantes.

El equipo de trabajo estaba organizado por niveles: regional y nacional. A nivel regional, el equipo estaba compuesto por dos personas coordinadoras. A nivel nacional, el equipo estaba compuesto por una persona para la coordinación y dos personas investigadoras junior. Todo el equipo, tanto regional como nacional, estaba compuesto por usuarios de drogas o pertenecientes a las poblaciones claves. La coordinación regional tuvo a su cargo el diseño del protocolo de investigación, la capacitación de los equipos nacionales, la supervisión del proceso de investigación y el análisis comparado de los datos a nivel regional. Los equipos nacionales fueron responsables de la implementación del estudio en cada uno de los países, incluyendo la recolección y el análisis de los datos a nivel nacional.

Para facilitar su comprensión y consulta, el informe se ha estructurado de manera lógica, avanzando desde el contexto general hacia los hallazgos específicos, las conclusiones derivadas y las recomendaciones propuestas. A continuación, se describe brevemente el contenido de cada apartado principal:

• Antecedentes: Proporciona el contexto indispensable para comprender la situación analizada. Incluye una visión general de la región estudiada en términos demográficos, socioeconómicos y culturales; un análisis del contexto de las políticas de drogas predominantes; datos epidemiológicos actualizados sobre el VIH; una descripción del marco legal e institucional relevante en cada país; y una valoración del papel de la sociedad civil y el sector privado en la respuesta al VIH y las políticas de drogas.
• Metodología: Detalla el diseño de la investigación. Explica el enfoque metodológico mixto adoptado (combinando análisis de jure y de facto), las estrategias de recolección de datos (revisión documental, encuestas, entrevistas semiestructuradas y grupales), las fuentes de información primarias y secundarias utilizadas, el contexto demográfico de las personas participantes, y aborda los desafíos metodológicos encontrados y los ajustes realizados durante el proceso
• Resultados: Constituye el núcleo empírico del informe. Presenta de manera detallada los hallazgos de la investigación, organizados por cada uno de los tres derechos analizados (No Discriminación, Salud, No Detención Arbitraria). Dentro de cada derecho, se ofrece un análisis regional comparativo, seguido por análisis específicos para cada uno de los diez países. Se introduce y aplica la técnica del "Penta Semáforo" como herramienta visual para evaluar el nivel de cumplimiento de jure, de facto e integrado de los derechos.
• Conclusiones: Sintetiza e interpreta los resultados presentados. Se extraen conclusiones generales sobre la coherencia del marco legal y normativo regional con los estándares internacionales, y sobre las prácticas institucionales y las experiencias vividas por las PvUD, identificando las brechas críticas entre la ley y la realidad.
• Recomendaciones: A partir de las conclusiones, se formulan un conjunto de recomendaciones específicas y estratégicas dirigidas a los Estados y otros actores relevantes. Estas buscan orientar la reforma de políticas y prácticas para fortalecer la protección y garantía de los derechos humanos de las PvUD en la región.
• Reflexiones y Anexos: El informe concluye con reflexiones personales del equipo de coordinación regional sobre la experiencia del estudio. Además, se incluyen anexos con información complementaria esencial, como la lista de acrónimos utilizados, los gráficos consolidados del Penta Semáforo por país.

Se invita al lector a navegar por estos apartados para obtener una comprensión profunda de la compleja realidad que enfrentan las PvUD en América Latina y de las acciones necesarias para avanzar hacia el pleno respeto de su dignidad y derechos.