Garantía de los derechos en los jóvenes y el uso de sustancias en contextos de conflicto armado en la Amazonia colombiana - Contribución sobre Colombia al Comité DESC

Este documento busca contribuir a la revisión de Colombia en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) sobre las experiencias y preocupaciones de estudiantes, orientadores, maestros y rectores, funcionarios y ciudadanía en general de las garantías de derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes, y las dinámicas de consumo en la Amazonia colombiana en entornos escolares, un territorio considerado periférico, protagonista del conflicto armado colombiano y de la coyuntura de transición hacia la paz. Es una apuesta para visibilizar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y el manejo de estas mismas por parte de diferentes actores en la garantía de derechos fundamentales - salud, educación, cultura, economía y protección a la infancia- en el contexto de postconflicto y construcción de paz.

En Colombia, el manejo de las sustancias psicoactivas ha estado marcado históricamente por un enfoque predominantemente prohibicionista y represivo. No obstante, en 1994, la Corte Constitucional introdujo una excepción significativa al despenalizar la dosis personal. Mediante la Sentencia C-221, se permitió a las personas adultas portar, sin ser criminalizadas, hasta 1 gramo de cocaína y 20 de marihuana para uso personal. Esta decisión, fundamentada en los principios de libre desarrollo de la personalidad y la autonomía declaró inconstitucionales las restricciones de la Ley 30 de 1986, que deberían haber eliminado sanciones penales, multas u obligaciones de tratamiento para quienes portaran estas cantidades.

El Acuerdo de Paz de 2016 marcó otro hito importante en el manejo del consumo de sustancias psicoactivas al proponer que la política nacional frente al consumo de drogas ilícitas se basara en un enfoque de salud pública y derechos humanos. Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) dedicó un apartado de su informe final (2022) a examinar las consecuencias de la política antidrogas prohibicionista en el conflicto y en particular, en los usuarios de sustancias, proponiendo una regulación legal estricta de las mismas para lograr disminuir la violencia que se vive en el país, algo que acogió en su informe el Alto Comisionado para las Naciones Unidas en el 2023. En línea con estas recomendaciones, el actual gobierno colombiano adoptó la nueva Política Nacional de Drogas 2023–2033, cuyo discurso oficial ha sido celebrado por su orientación hacia la reducción de vulnerabilidades. Desde el 2007 y el 2009, el Ministerio de Salud y el de Protección social diseñó las Zonas de Orientación Escolar (ZOE) como dispositivos de base comunitaria novedosas creadas para la atención al uso de sustancia pero no han sido implementadas con rigurosidad.

A pesar de los avances normativos y discursivos, persiste una brecha profunda entre la formulación de estas políticas y su implementación efectiva en territorios como la Amazonia, donde jóvenes afectados por el conflicto armado siguen enfrentando estigmatización, criminalización y ausencia de garantías reales para el ejercicio de sus derechos. En el marco del periodo transicional, la CEV evidenció que la persecución del consumo de drogas contribuyó a la degradación y persistencia del conflicto armado interno, principalmente impactando a los jóvenes. Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comentó en el 2001 que el narcotráfico en Colombia ha exacerbado el conflicto armado impidiendo el acceso a garantías de derechos a la población y en el 2010 señaló su preocupación por el alto índice de consumo, en particular, en adolescentes y sus efectos negativos en la salud, recomendando incorporar los derechos económicos, sociales y culturales en la estrategia del combate al narcotráfico, como la transparencia de la estrategia antinarcóticos, fortalecimiento de los programas alternativos y sostenibles de desarrollo, los programas anticorrupción y los cambios en las instituciones locales de policía y justicia.

En particular, se evidencia una omisión crítica en el ámbito educativo: no existe un enfoque de reducción de daños o vulnerabilidades implementado en los colegios en territorios de posconflicto. Aunque el plan pueda estar incluido en la actual política nacional de drogas, no ha sido aterrizado ni institucional ni territorialmente, lo que deja a niños, niñas y adolescentes expuestos a intervenciones punitivas o moralizantes, sin acceso a información basada en evidencia ni a entornos seguros para el diálogo sobre el uso de sustancias.