Toda conversación y acuerdo sobre provisión y consumo de drogas entre las partes contendientes en Colombia que tenga un propósito de paz debe ser saludado y respaldado, pero quienes nos ocupamos del tema tenemos la responsabilidad de aclarar algunos puntos del análisis y las propuestas hechas en Comunicado conjunto #36 de las Delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en La Habana, el 16 Mayo de 2014.

El conflicto en Colombia tiene por principal escenario al mundo rural y junto con ello la instalación allí de los cultivos con fines ilícitos, como acontece en los otros países de la región andino amazónica que cuentan con las condiciones edafoclimáticas para sus cultivo y una tradición cultural para su conducción, constituyéndose así en una actividad económica, social, política y militar estratégica para las partes contendientes, no tan solo por los ingresos que provee, también por el dominio social y territorial que su control permite.

En nuestra opinión resolver el tema de los subsidios y los precios agrícolas internacionales envilecidos es el componente crucial de una estrategia de desarrollo alternativo pactada no tan solo a nivel nacional, también a nivel internacional.

La llamada guerra a las drogas es una guerra en contra de sus eslabones más débiles: los campesinos, los microtraficantes y los consumidores. Por lo demás, cuando los grandes carteles de la drogas son destruidos por las autoridades, o por la competencia, nuevas organizaciones más eficientes, flexibles o violentas las reemplazan, porque la demanda internacional por drogas permanece constante cuando no creciente, como lo testimonia los más de 50 años de guerra de las drogas.

En todos los lugares del mundo la mayor parte de los detenidos, imputados y sancionados por contravenir las leyes de drogas, lo han sido por porte y tenencia de pequeñas cantidades, son los consumidores. El caso de Chile es patético en este sentido, allí cada año detenidas 85.000 personas por infracciones a la ley de drogas, el 75% por porte y consumo, esto hace el 55% de todos los detenidos por todos los delitos.

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