Elementa DDHH analiza cómo los discursos prohibicionistas y mediáticos estigmatizan a las personas que cultivan coca, cannabis y amapola en Colombia, y propone herramientas para informar desde los derechos humanos, la evidencia y el reconocimiento de las realidades territoriales.
TNI explora vías viables para salvaguardar los recursos genéticos, el patrimonio cultural y los conocimientos indígenas asociados a la hoja de coca, así como para proteger los mercados legales frente a los riesgos de apropiación indebida, biopiratería y acaparamiento corporativo.
El informe demuestra que el uso tradicional de la hoja de coca es seguro, culturalmente regulado y respaldado por evidencia científica, cuestionando su actual clasificación internacional y prohibición.
El CESED presenta un análisis comparado que muestra cómo los clubes sociales de cannabis pueden fortalecer la salud pública, reducir daños y orientar una regulación colombiana más justa, coherente y basada en evidencia.
La decisión de la OMS reabre un debate global sobre si la fiscalización internacional se basa en la protección de la salud, o se inclina por criterios desactualizados con sesgos coloniales y geopolíticos.
TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
Aunque participativa y ambiciosa, la Política Nacional de Drogas de Colombia corre el riesgo de quedarse en el papel por falta de una hoja de ruta clara.
El IDPC instó a los expertos a poner fin a una injusticia colonial, pidiendo que la hoja de coca sea desclasificada y que se reconozcan plenamente las tradiciones y los derechos de los pueblos indígenas.
La última resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre políticas de drogas marca un punto de inflexión, al afirmar que la fiscalización de las drogas es una cuestión de derechos humanos y pedir que se adopten enfoques inclusivos, responsables y centrados en las personas.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
El PNUD traza un giro en la política de drogas centrado en los derechos y el desarrollo, priorizando la descriminalización, la reducción de daños, las transiciones basadas en la equidad y vías prácticas para regular responsablemente algunos mercados de drogas.
