White et al. sostienen que la evidencia científica, cultural y jurídica distingue claramente la coca de la cocaína, y que la política mundial de drogas debe corregir esta antigua clasificación errónea arraigada en prejuicios coloniales.
TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
Aunque participativa y ambiciosa, la Política Nacional de Drogas de Colombia corre el riesgo de quedarse en el papel por falta de una hoja de ruta clara.
El IDPC instó a los expertos a poner fin a una injusticia colonial, pidiendo que la hoja de coca sea desclasificada y que se reconozcan plenamente las tradiciones y los derechos de los pueblos indígenas.
Productores y consumidores tradicionales de hoja de coca rechazan la postura de su gobierno ante la OMS, instando a la organización a excluir la coca de las listas, reconocer sus usos culturales y medicinales, y respaldar la investigación y las políticas basadas en derechos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
La CIDH reafirmó que el encarcelamiento afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias y comunidades, y llamó a los estados a adoptar medidas que aseguren sus derechos.
IDPC y otras cinco organizaciones llamaron a la ONU a corregir injusticias históricas, respetar las perspectivas indígenas y abordar los impactos nocivos de las políticas de drogas actuales.
El Comité de la OMS revisa la química, farmacología y usos de la hoja de coca, señalando posibles efectos terapéuticos, baja toxicidad y escasa evidencia de potencial de dependencia.
LANPUD y el consorcio ALEP+PC evidencian la brecha entre ley y realidad, marcada por estigma y criminalización, y llaman a descriminalizar, financiar la reducción de daños, aprobar leyes antidiscriminación y garantizar la participación y rendición de cuentas con las personas que viven con VIH y usan drogas.
Zuluaga Duque y coautoras evidencian cómo las políticas de sustitución de coca siguen minando la autonomía de las mujeres al pasar por alto sus condiciones de explotación y exclusión, a pesar de su centralidad en el cultivo.
