Intersecção analiza cómo la prohibición de las drogas impulsa la deforestación, la violencia y la desigualdad en la región, vinculando la “guerra contra las drogas” con la crisis climática global y llamando a una reducción ecológica de daños y una regulación basada en derechos.
Expertos internacionales en derechos humanos instaron a poner fin a los ataques y a realizar una investigación independiente para garantizar la rendición de cuentas.
Tras seis décadas de prohibición, la OMS revisa la clasificación de la hoja de coca, reabriendo un debate histórico sobre ciencia, cultura y justicia en las políticas de drogas.
Fiocruz y organizaciones aliadas denuncian la operación policial letal en Río, condenan la seguridad militarizada y la necropolítica, y exigen políticas ciudadanas que prioricen la vida y los derechos.
White et al. sostienen que la evidencia científica, cultural y jurídica distingue claramente la coca de la cocaína, y que la política mundial de drogas debe corregir esta antigua clasificación errónea arraigada en prejuicios coloniales.
TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
Aunque participativa y ambiciosa, la Política Nacional de Drogas de Colombia corre el riesgo de quedarse en el papel por falta de una hoja de ruta clara.
El IDPC instó a los expertos a poner fin a una injusticia colonial, pidiendo que la hoja de coca sea desclasificada y que se reconozcan plenamente las tradiciones y los derechos de los pueblos indígenas.
Productores y consumidores tradicionales de hoja de coca rechazan la postura de su gobierno ante la OMS, instando a la organización a excluir la coca de las listas, reconocer sus usos culturales y medicinales, y respaldar la investigación y las políticas basadas en derechos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
La CIDH reafirmó que el encarcelamiento afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias y comunidades, y llamó a los estados a adoptar medidas que aseguren sus derechos.
IDPC y otras cinco organizaciones llamaron a la ONU a corregir injusticias históricas, respetar las perspectivas indígenas y abordar los impactos nocivos de las políticas de drogas actuales.
