É de Lei documenta el recrudecimiento de la violencia policial durante y después del periodo de confinamiento por el COVID-19, así como las estrategias de reducción de daños y movilización comunitaria para resistir y luchar por los derechos de las personas habitantes de la zona.
Ramos et al. destacan que la experiencia boliviana con el control social de la coca deja varias lecciones replicables para los países de la región andina porque ha trazado un camino hacia la descriminalización de las actividades productivas con la hoja.
Bolivia exigirá a la OMS reconsiderar la estricta clasificación internacional de la coca, considerada como una anomalía histórica por el gobierno, investigadores y activistas.
Dejusticia defiende la importancia de un marco fiscal centrado en la financiación de los objetivos de reducir el mercado ilegal, preservar la salud pública y ayudar a las poblaciones afectadas por la política de drogas.
La guerra contra las drogas alimenta un sistema racista que concentra el poder al servicio de la blanquitud, perpetuando la violencia y exclusión contra comunidades negras.
Los ex-mandatarios abogaron por una regulación enmarcada en una agenda de derechos humanos que rechace la securitización y despenalice las relaciones que subyacen este mercado.
La propuesta legislativa en Argentina tiene como objetivo reducir la reincidencia de las mujeres que han sido encarceladas abordando las debilitantes dificultades que experimentan para encontrar un empleo y una vivienda estables debido al estigma.
UNODC informa de niveles históricamente elevados de cultivo de coca y de producción potencial de coca, y ofrece información sobre este aumento, incluso en relación con las condiciones de pobreza y las limitadas oportunidades de acceso al mercado en las zonas rurales de cultivo.
El TNI ilustra cómo significativas asimetrías de poder han permitido a las corporaciones definir sus condiciones de participación en los mercados emergentes de cannabis.
