LANPUD y el consorcio ALEP+PC evidencian la brecha entre ley y realidad, marcada por estigma y criminalización, y llaman a descriminalizar, financiar la reducción de daños, aprobar leyes antidiscriminación y garantizar la participación y rendición de cuentas con las personas que viven con VIH y usan drogas.
Zuluaga Duque y coautoras evidencian cómo las políticas de sustitución de coca siguen minando la autonomía de las mujeres al pasar por alto sus condiciones de explotación y exclusión, a pesar de su centralidad en el cultivo.
HRI y LANPUD llaman a reformar las leyes punitivas que alimentan el encarcelamiento masivo y vulneran derechos, e invertir en salud, reducción de daños y liderazgo comunitario.
La “guerra contra las drogas” contra la cocaína alimenta la deforestación amazónica, fortalece al crimen organizado y pone en peligro a las comunidades indígenas, lo que evidencia la necesidad de una reforma basada en los derechos.
El ataque militar que causó la muerte de 11 personas plantea serias preocupaciones sobre legalidad, proporcionalidad y el uso de la fuerza letal en operaciones antidrogas.
Contra la criminalización, la invisibilidad y la violencia sistémica, estas iniciativas buscan ampliar la reducción de daños y la reforma de políticas con perspectiva de género, basándose en la experiencia vivida.
La embajadora de Colombia, Laura Gil reflexiona sobre los desafíos de cuestionar el régimen global de drogas, romper tabúes y construir esperanza para un futuro posprohibicionista — una coalición a la vez.
Con el aumento de la producción de coca y las incautaciones de drogas poniendo en riesgo la ayuda estadounidense, Colombia debe elegir entre acatar las demandas de la "guerra contra las drogas" o afirmar una mayor independencia.
