Por el PNUD

La relación entre las políticas de fiscalización de drogas y el desarrollo humano es compleja y multifacética. Ambas comparten el objetivo común de reducir los daños relacionados con las drogas. No obstante, desde que existe la fiscalización de drogas, las agendas de los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo humano coexisten sin que haya una relación entre ellas. Las políticas destinadas a la prohibición o la sanción constituyen la estrategia internacional para la fiscalización de drogas; sin embargo, existe una amplia evidencia de las consecuencias negativas de estas políticas.

Para muchos agricultores afectados por la pobreza, conflictos e inseguridad, el cultivo ilícito de drogas es una opción viable como medio de vida; sin embargo, los tratados internacionales prohíben el cultivo de drogas y precisan su erradicación.

La imposición de estas prohibiciones y los esfuerzos de erradicación en muchos casos tienen un efecto negativo en la salud pública y los derechos humanos de quienes viven en la pobreza. Se destruyen los medios de vida de aquellos que dependen de los cultivos y venta de drogas para sobrevivir y se fuerza a estas poblaciones a desplazarse de las zonas donde se producen los cultivos ilícitos. El herbicida utilizado en la fumigación aérea sobre los cultivos de coca se ha asociado con problemas de salud tanto físicos como mentales. En muchos casos, estas prohibiciones no conducen a la reducción de los cultivos o la disminución en el consumo de drogas, ya que los agricultores y los traficantes emigran hacia otros lugares.

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