Aprovechando aportes de más de 200 contrapartes, la evaluación de la campaña “Apoye. No Castigue” explora cómo ésta ha promovido el desarrollo de un movimiento global capaz de transformar narrativas, movilizar comunidades y propiciar cambios para lograr leyes, políticas y prácticas basadas en los derechos y en la reducción de daños
Con motivo del Día Global de Acción 2025, miles de personas se movilizaron en 262 ciudades de 80 países para exigir políticas que garanticen el acceso a sistemas de atención y apoyo, en lugar de castigo.
INPUD advierte que los recortes abruptos en la ayuda exterior de EE. UU. han devastado los servicios de reducción de daños, dejando a las personas que usan drogas sin atención vital, provocando el colapso de servicios, pérdida de empleos y una inminente crisis de derechos humanos.
El impulso para la regulación del cannabis ha ido creciendo durante décadas en México, pero un régimen político reacio y una retórica punitiva en aumento están amenazando ese progreso.
IDPC insta a los gobiernos a poner fin a los abusos de derechos humanos relacionados con las drogas, invertir en reducción de daños y alinear las políticas de drogas con los derechos humanos y la respuesta al VIH.
Únete a nosotres el 26 de junio de 2025 para recuperar el poder, resistir la injusticia y reformar las dañinas leyes sobre drogas mediante la acción colectiva en solidaridad transnacional.
IDPC, HRI y Youth RISE destacan cómo las políticas de drogas exacerban la pobreza a través de la exclusión de la vivienda, los beneficios sociales, la educación y el empleo, reforzando el estigma y la discriminación.
De cara a la 77ª sesión del CESCR de la ONU, el IDPC apoya tres presentaciones audaces en Kenia y el Reino Unido, evaluando sus políticas de drogas y registros de derechos humanos, y exigiendo una reforma urgente.
El gobierno de Costa Rica presenta un nuevo protocolo para ofrecer alternativas al encarcelamiento de mujeres en situaciones de vulnerabilidad que han cometido delitos menores de drogas.
La WHRIN cataloga los servicios para reducción de daños con perspectiva de género en todo el mundo, resaltando una marcada disparidad entre necesidades y disponibilidad de éstos, impulsada por la criminalización y el estigma.
