Elementa y el Instituto RIA investigan para las Naciones Unidas arrestos, detenciones, procedimientos de justicia penal y violaciones de los derechos humanos de personas sospechosas de haber cometido delitos de drogas en México.
Chang et al. urgen ponerle fin a la criminalización y adoptar una nueva realidad basada en la solidaridad y la cooperación, centrada en la salud, derechos y dignidad de las perosnas que usan drogas.
Reprieve y LBHM discuten las contradicciones entre los objetivos de desarrollo y las políticas punitivas de drogas, y el impacto negativo en los términos sociales, económicos y ambientales.
ONUSIDA lamenta el incumplimiento de los objetivos para el VIH de 2020, y nota que 1 de cada 10 nuevas transmisiones conciernen personas que usan drogas inyectables.
Los 122 asesinatos son la expresión más obscena y trágica de una tendencia más amplia a erosionar los derechos de las personas menores como parte de la "guerra contra las drogas" del gobierno.
Thomas et al. discuten el impacto positivo de los programas de agujas y jeringas, y de la distribución de jeringas de bajo espacio muerto para limitar las nuevas transmisiones.
El CEDD y Dejusticia recomiendan medidas de emergencia para proteger la vida de las personas privadas de libertad, como la puesta en libertad anticipada, indultos y alternativas al encarcelamiento para las poblaciones vulnerables.
AFEW International reporta que, aunque las organizaciones para reducción de daños y de salud se están adaptando a las restricciones de la pandemia, persiste el impacto sobre servicios de prevención y tratamiento.
Transform y MUCD comparan diferentes aspectos de modelos de regulación en provincias canadienses, incluyendo licencias, tiendas al menudeo, restricción por edad, precios, cultivo casero y persistencia de desigualdades sociales.
Irvine et al. identificaron que los kits de naloxona para llevar a casa, espacios de consumo supervisado y la terapia con agonistas opiáceos han resultado efectivos para evitar muertes por sobredosis en Columbia Británica.
Unlu et al. sostienen que el impacto de la descriminalización está depende en gran medida de factores contextuales, incluyendo la inversión en reducción de daños y la participación en la aplicación de la ley.
La Red Andina de Información (RAI) declara que al abordar las causas subyacentes al cultivo de coca, las reducciones colaborativas de estos cultivos en Bolivia han demostrado ser más sostenibles que las logradas a través de la erradicación forzada.
La Agencia Canadiense para Drogas y Tecnologías en Salud (CADTH) identificó que la diacetilmorfina e hidromorfona inyectables son más efectivas en términos clínicos y de costos que la metadona.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) informa sobre una disminución general del consumo de droga en Europa debido a las medidas de confinamiento y desabastecimiento, aunque este cuadro varía mucho dependiendo del tipo de droga.
El IDPC y TNI sostienen que las recomendaciones de la OMS serán una oportunidad para que los Estados Africanos descolonicen más aun el control de drogas y fortalezcan la base legal para programas emergentes de cannabis medicinal.
