Elementa DDHH analiza cómo los discursos prohibicionistas y mediáticos estigmatizan a las personas que cultivan coca, cannabis y amapola en Colombia, y propone herramientas para informar desde los derechos humanos, la evidencia y el reconocimiento de las realidades territoriales.
TNI explora vías viables para salvaguardar los recursos genéticos, el patrimonio cultural y los conocimientos indígenas asociados a la hoja de coca, así como para proteger los mercados legales frente a los riesgos de apropiación indebida, biopiratería y acaparamiento corporativo.
El Grupo de Trabajo sobre Mujeres y Encarcelamiento en América Latina analiza cómo la persecución del crimen organizado afecta a las mujeres en contacto con los sistemas penitenciarios, así como a sus familias e infancias.
Kipkoech et al. estiman que las interrupciones podrían provocar miles de infecciones adicionales por VIH y VHC entre las personas que se inyectan drogas.
IHRNGO y ECPM informan de que las ejecuciones en Irán alcanzaron su nivel más alto registrado desde 1989, y que los delitos relacionados con drogas representaron casi la mitad de todas las ejecuciones conocidas.
El Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento analiza cómo las políticas de drogas punitivas han impulsado el encarcelamiento de mujeres en América Latina y propone respuestas con enfoque de género e interseccional.
Gannon et al. concluyen que el sesgo contra personas latinas puede aumentar el apoyo público a leyes punitivas de homicidio inducido por drogas en Estados Unidos, subrayando cómo los supuestos racializados siguen moldeando la política de drogas.
IDPC presenta recomendaciones clave sobre cómo el panel de expertos puede involucrar de manera significativa a la sociedad civil, las comunidades directamente afectadas, los Pueblos Indígenas y la juventud en su trabajo.
Acción Andina y el Programa Libertas describen cómo persisten las prácticas punitivas y las lógicas prohibicionistas en Bolivia, destacando las voces de las víctimas sobrevivientes.
HRI documenta un fuerte aumento de las ejecuciones por delitos de drogas en 2025, evidenciando la persistente dependencia de políticas punitivas y sus devastadores impactos en los derechos humanos.
IDPC y organizaciones socias de la sociedad civil destacan las profundas desigualdades raciales en la aplicación de las leyes sobre drogas, instando a reformas para desmantelar el daño y la discriminación sistémicos.
El informe describe las principales barreras a la reducción de daños en África y propone estrategias basadas en derechos y lideradas por la comunidad para ampliar el acceso, fortalecer los sistemas y garantizar respuestas sostenibles y basadas en la evidencia.
