Castigo extra: violencia hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado
El crimen organizado aglomera a las estructuras que comercializan con bienes ilícitos, y/o emprenden medios ilícitos para conseguir bienes lícitos, debido a la prohibición o falta de regulación estatal. Las actividades pueden ser trata de personas, extorsión, tráfico de armas, explotación de recursos naturales, minería y tráfico y producción de drogas; esta última es el principal sector en América Latina. Generan una extracción de renta y dinámicas monopólicas, cuyos ingresos son destinados a incrementar el poder de esas estructuras, en términos de control de territorio, inversión en otros mercados, acumulación de riqueza o influencia política. Sus modelos de organización y trabajo son diversos. Algunos son grupos criminales consolidados de gran escala que han empezado a funcionar como corporaciones transnacionales; mientras que otros son agrupaciones barriales y familiares con menor alcance. Más allá de su variedad, el crimen organizado es una de las principales amenazas para el desarrollo social, la seguridad ciudadana y la estabilidad política de América Latina. Sus consecuencias negativas son observables en las altas tasas de homicidios en varios países de la región y en el alza de la violencia letal.
Los países de América Latina han adoptado acciones diversas para la persecución de estos grupos. En el último par de años, Argentina experimentó un auge de los discursos bélicos en torno al crimen organizado que resultó en la aprobación de diversas reformas al sistema de seguridad y justicia. Una de ellas es el traslado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Nacional. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro abrió frentes de negociación con grupos criminales bajo la política de Paz Total, estableciendo ceses al fuego bilateral; mientras que la legislación colombiana mantiene la persecución penal para actores menores. México ha sostenido una tendencia a la militarización de las instituciones civiles de seguridad pública; entre las que se destaca la incorporación de la Guardia Nacional a la órbita de la Secretaría de Defensa Nacional. La mayor parte de estas acciones intensifican las lógicas punitivas debilitando los avances para promover una comprensión integral del fenómeno criminal, enfocada en la prevención del delito y que atienda las desigualdades estructurales. Así pues, diferentes actores nacionales han impulsado la implementación de modelos de seguridad sin mecanismos para la protección de derechos humanos, la erradicación de la violencia de género y la rendición de cuentas.
La falta de perspectiva de derechos humanos y de género en las respuestas al crimen organizado es preocupante. Las mujeres privadas de la libertad en América Latina están recluidas en centros penitenciarios en condiciones deplorables que ponen en riesgo el bienestar e integridad de las personas. Además de las fallas estructurales de los sistemas penitenciarios, enfrentan violencias, marginalización y otras situaciones específicas del género. Principalmente, deben afrontar la expectativa e imposición de mantener las responsabilidades de cuidado de sus hijos, hijas y otros dependientes, a pesar de estar privadas de la libertad. Una carga similar asumen las mujeres en el exterior que tienen a sus familiares y parejas detenidos. Además de esta distribución inequitativa del cuidado, quienes están en contacto con la prisión ven erosionadas sus redes de cuidado y apoyo. Adicionalmente, se debe considerar que esta población ha crecido un 212 % entre 2000 y 2024 como consecuencia del despliegue de políticas de drogas punitivas que persiguen, de manera desproporcionada, a mujeres provenientes de contextos caracterizados por la falta de oportunidades, que sufren violencia de género y son discriminadas en el acceso a la justicia.
Distintas agrupaciones y redes han trabajado para hacer frente a esta situación; entre ellas, el Grupo de Trabajo Mujeres y encarcelamiento (GT) creado en 2015. A través de una articulación transnacional, el GT ha impulsado la despenalización del consumo y los mecanismos alternativos a la prisión por delitos menores de drogas para mujeres en condiciones de marginación social, como la amnistía, el arresto domiciliario y la sustitución de la pena por la prestación de servicios sociales. Sin embargo, la tendencia al aumento de las mujeres privadas de la libertad ha experimentado poco o nulo cambio en los últimos cinco años. En Argentina y México, este grupo ha crecido en una proporción mayor que la población total en reclusión. En Colombia descendió el número total de mujeres privadas de la libertad, en particular de las relacionadas con el tráfico de estupefacientes, pero existe un alza por otros delitos, como el tráfico y porte de armas de fuego.
Así pues, en América Latina convergen la intensificación de las lógicas punitivas para hacer frente al crimen organizado y el crecimiento de las mujeres privadas de la libertad. En este escenario, detectamos una profunda falta de información sobre los impactos que tienen el crimen organizado y las respuestas estatales en las mujeres que están en contacto con los sistemas penitenciarios, tanto sobre aquellas que están o estuvieron privadas de la libertad —con o sin condena— como sobre las familiares de personas en reclusión. En otras palabras, se desconoce el castigo extra que recae sobre las mujeres que son procesadas y condenadas por participar en grupos criminales.
En 2025, organizaciones integrantes del GT de Argentina, Colombia y México unimos esfuerzos para diagnosticar los modos en que las políticas de persecución al crimen organizado afectan a las mujeres en contacto con los sistemas penitenciarios, y visibilizar las dimensiones de su participación en los mercados ilícitos y las situaciones de violencia y vulnerabilidad. Frente a un tema amplio e inexplorado, buscamos responder las siguientes preguntas: ¿Cómo impacta la persecución del crimen organizado en la judicialización y la reclusión de las mujeres? ¿Cómo afecta esta persecución a la vida de las familias e infancias? Esta investigación se realizó a través de entrevistas a mujeres en contacto con los sistemas penitenciarios, seleccionadas a partir de las estrategias de incidencia y acción comunitaria que ha emprendido cada organización en su país.
El documento sistematiza los principales hallazgos de la investigación y está dividido en cuatro secciones. Primero, expone las formas de involucramiento y participación en el crimen organizado. Las dos secciones siguientes describen los impactos de las políticas de persecución del crimen organizado en las mujeres en contacto con el sistema penitenciario, así como sobre sus hijas, hijos y otros familiares. La primera desarrolla las experiencias durante la judicialización y la segunda, durante el encarcelamiento. Esta sección también despliega los efectos y funcionamiento de tres políticas concretas: traslados arbitrarios, regímenes restrictivos penitenciarios y obstrucción a medidas alternativas al encarcelamiento. Por último, se presentan los riesgos del modelo actual de combate al crimen organizado para los derechos humanos y la igualdad de género. También, se realizan recomendaciones a los Estados para transformar el enfoque de las políticas de persecución y responder a las vulneraciones de derechos que experimentan las mujeres fuera y dentro de prisión.