Amnistía Internacional alerta sobre la tortura, condiciones inhumanas de detención, juicios injustos y otras graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la guerra contra las drogas en Camboya.
El EMCDDA brinda datos sobre las implicancias de la pandemia para la reducción de daños y los proveedores de tratamiento, desde el manejo de recortes de personal hasta el uso de plataformas móviles o virtuales.
Frontline AIDS y el Fondo Global ofrecen lineamientos para superar el estigma, discriminación, violencia, leyes punitivas y políticas que impiden que las poblaciones vulnerables accedan a servicios referidos al VIH.
Data for Progress y el Instituto de Justicia Colaborativa exhortan a las autoridades estadounidenses a abrir espacios para consumo seguro de drogas inyectables para prevenir muertes por sobredosis y la difusión de infecciones.
UNODC ofrece evidencias de que la pandemia del COVID-19 y las restricciones del confinamiento están perturbando los mercados de drogas en diversos grados, desde la escasez de drogas hasta cambios en el modo de transporte.
Pettus et al. invoca a los estados a abordar la escasez y el desabastecimiento de medicinas esenciales sometidas a control internacional, que han empeorado durante la pandemia del COVID-19.
Mathur et al. ha identificado que, a pesar de los contratiempos (acción policial, estafas por evasión), los cripto-mercados tienen una rápida recuperación.
Release, TalkingDrugs y el IDPC hacen un inventario de los modelos existentes de descriminalización y brindan perspicaces comentarios sobre su implementación.
La Comisión Global de Política de Drogas aboga por respuestas más eficaces a la delincuencia organizada transnacional y al tráfico de drogas mediante enfoques de represión selectivos y estrategias de desarrollo.
ACLU identifica que las personas afrodescendientes tienen todavía más probabilidades de ser arrestadas que las personas blancas por posesión de cannabis, incluso en estados que han legalizado el cannabis.
