Respuesta del IDPC al Informe anual de la JIFE correspondiente a 2016

El Informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o Junta) correspondiente a 2016 ofrece, como de costumbre, una mezcla de datos de gran calidad alternados, en ocasiones, con opiniones políticas dudosas. Se trata del último informe de la presidencia del Sr. Werner Sipp y, como tal, representa un texto relativamente más progresista que muchos informes anteriores. Pese a ello, la aceptación general —aunque ambivalente— de los usos médicos de sustancias sometidas a control internacional contrasta con la incesante defensa por parte de la Junta de las convenciones en su forma actual, que son contrarias a cualquier uso no médico.

Puntos clave

• El Informe correspondiente a 2016 se debe entender en el contexto de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el “problema mundial de las drogas”, que tuvo lugar ese mismo año. Éste marca un período de cambios sin precedentes, en un momento en que el consenso en materia de control de drogas que llevaba décadas en pie, pese a la unidad que se busca aparentar, se sigue fracturando y alcanza nuevas cotas.
• El informe recoge algunas posiciones nuevas o recientes importantes. Entre las más significativas, cabe destacar que la JIFE siga animando a los Estados que aún mantienen la pena de muerte por los delitos relacionados con drogas a que deroguen esta práctica.
• La Junta también condena de forma categórica al Gobierno filipino por su implicación en las ejecuciones extrajudiciales de personas que participan —o que se sospecha que participan— en el tráfico de drogas en el país.
• El capítulo temático de este año incluye un debate sobre la cuestión de las mujeres y las drogas, un asunto importante que, durante mucho tiempo, ha recibido poca de la atención que exige. El capítulo analiza cuestiones como el creciente encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas, que está aumentando más rápidamente que el de los hombres.
• El Informe anual se caracteriza por la reticencia en lo que se refiere a los avances positivos y progresistas, una tendencia constante en los informes de la JIFE. Por ejemplo, las preocupaciones de la Junta sobre la posible desviación de los medicamentos fiscalizados hacia otros canales tienden a recibir más atención que las propiedades terapéuticas vitales de esos mismos medicamentos. Del mismo modo, a los países que han desarrollado o ampliado las intervenciones de reducción de daños no se los alienta ni se los destaca como modelos que convendría seguir.
• En lo que respecta al cannabis, se puede distinguir una tendencia parecida. Los elementos negativos del cannabis —ya sean reales o imaginarios— se resaltan a expensas de los posibles beneficios de la sustancia. Además, se hace hincapié en la posible contravención de los tratados internacionales junto con los efectos nocivos para la salud, algo que resulta irónico teniendo en cuenta que la salud pública es el motor que impulsa el movimiento en pro de los mercados regulados en muchos países.
• Por primera vez, la JIFE admite que las salas de consumo de drogas son legales en virtud de las convenciones internacionales, aunque para ello deben procurar reducir el impacto negativo del uso de sustancias y promover el tratamiento y la rehabilitación. Además, no deben condonar ni alentar el uso y el tráfico de drogas.

Informes anteriores de esta serie:

• IDPC response to the 2015 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2014 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2013 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2012 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2011 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2010 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2009 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2008 INCB Annual Report
• IDPC response to the 2007 INCB Annual Report