La coca y el Acuerdo de Paz en Colombia: Comentario sobre el proyecto de sustitución de cultivos en Briceño
Para llegar hasta Briceño, en pleno corazón de la región de Antioquia, se necesita un buen vehículo, mucho tiempo y algo de suerte. La semana antes de nuestro viaje, previsto para mediados de julio, unas lluvias torrenciales destruyeron parte de la carretera entre Briceño y Pueblo Nuevo, y dejaron a la gente aislada a uno y otro lado. Tuvimos suerte, y el día en que viajamos a la zona no llovió. Pero necesitamos seis horas para cubrir el trayecto entre Medellín y Briceño, y otras tres de angustiosas curvas hasta Pueblo Nuevo. La misma carretera sin asfaltar nos hizo pensar en los retos que enfrenta Colombia con su plan de eliminar 50.000 hectáreas de coca este año, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, conocido por el acrónimo PNIS.
El PNIS es uno de los principales elementos del Punto 4 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, que se compromete con encontrar una ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’ y eliminar el cultivo ilícito de coca, cannabis y amapola. El Gobierno está firmando acuerdos con las comunidades, así como con familias particulares, por los que los cultivadores y las cultivadoras acceden a erradicar ‘voluntariamente’ la coca a cambio de recibir una compensación inmediata en efectivo durante el primer año y pequeñas inversiones en el segundo año. Los acuerdos establecen que cada cultivador o cultivadora recibirá un total de 36 millones de pesos distribuidos en dos años (unos 12.000 dólares estadounidenses), y también sirven como una promesa de que el Gobierno invertirá en la transformación de estas economías rurales a largo plazo. Aproximadamente un mes antes de nuestra visita a la región de Briceño, unas 650 familias habían recibido dos millones de pesos cada una (unos 675 dólares estadounidenses) durante los primeros dos meses, con lo que había comenzado la cuenta regresiva. Tenían 60 días para erradicar los arbustos de coca (lo cual no es una tarea fácil) o perderían todo derecho a recibir más ayuda para el desarrollo o incluso verse sometidos a un proceso penal.
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