El establecimiento de los mercados regulados de cannabis en Uruguay y algunos estados de los Estados Unidos en los últimos años ha supuesto una profunda conmoción para el régimen internacional de control de drogas, que se ha visto fragmentado por los distintos puntos de vista al respecto. Esta realidad se ha topado fundamentalmente con una actitud de negación colectiva, no solo en relación con el cannabis, sino también con las nuevas sustancias psicoactivas, internet, el acceso a medicamentos esenciales, la centralidad de la salud y los derechos humanos en el control de drogas, y la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas que tendrá lugar en 2016.

Cada vez parece más probable que esta última se convierta en una plataforma para reafirmar el sistema existente, y que las posibilidades de cambio que podría brindar se vean bloqueadas por un insulso consenso que avale que el sistema siga funcionando como hasta ahora. Esta posición se refleja en gran medida en el Informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o Junta) correspondiente a 2014. Como siempre, el Informe proporciona una impresionante recopilación de datos, síntesis y presentaciones, y es sin duda digno de elogio por su nueva postura en contra de la pena de muerte.

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