La JIFE es el órgano de fiscalización ‘independiente y cuasi judicial’ encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

Además de generar una gran cantidad de correspondencia y de evaluaciones técnicas relacionadas con sus programas de visitas a países (las cuales, al igual que las actas de las reuniones de la JIFE, nunca se hacen públicas), la JIFE elabora un informe anual que resume sus actividades y opiniones.

Esta respuesta al Informe anual correspondiente a 2011 de la JIFE3 (los informes anuales de la Junta se suelen publicar en la primavera del año siguiente) está organizada en cinco grandes apartados interrelacionados: el homenaje de la Junta a la Convención del Opio de La Haya; los fallos en su capítulo temático sobre ‘Cohesión social, desorganización social y drogas ilegales’; la hostilidad de la JIFE frente a los intentos de Bolivia para ajustar su posición frente a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y la coca; y la constante tendencia de la Junta a sobrepasar su mandato y a practicar una ‘reticencia selectiva’, particularmente por lo que se refiere a su silencio sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la reducción de daños.

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