Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas

(Aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 19 de septiembre de 2014, sujeta a revisión por la Comisión de Estilo)

LOS ESTADOS MIEMBROS,

RECORDANDO los compromisos contenidos en la “Declaración de Antigua Guatemala: Hacia una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” [AG/DEC. 73 (XLIII-O/13)], adoptada durante el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA el 6 de junio de 2013 y el mandato al Consejo Permanente mediante resolución CP/RES. 1028 (1960/14) del 28 de marzo de 2014 para convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para dar seguimiento al tema;

RECORDANDO también la resolución AG/RES. 2868 (XLIV-O/14) del 5 de junio de 2014 sobre “La promoción y protección de los derechos humanos en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones efectivas, en el desarrollo e implementación de políticas para atender el problema mundial de las drogas en las Américas”, adoptada en ocasión del cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA;

REAFIRMANDO los compromisos de los Estados Miembros en el marco del sistema de fiscalización internacional de drogas, constituido por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y tomando en cuenta las obligaciones internacionales, asumidas por cada Estado;

REAFIRMANDO que el problema mundial de las drogas debe ser abordado desde una perspectiva transversal de derechos humanos, consistente con las obligaciones de las partes conforme al derecho internacional, y para poder promover y lograr el bienestar de la persona, su inclusión social, el acceso a la justicia y a la salud, con un enfoque de género;

RECONOCIENDO la importancia de mejorar los esfuerzos para contrarrestar los efectos que el problema mundial de las drogas tiene sobre la sociedad, el desarrollo y la salud, así como para prevenir que esos efectos se desarrollen;

RECONOCIENDO que pese a los esfuerzos realizados por los Estados para abordar el problema mundial de las drogas, la dimensión del problema es considerablemente mayor en algunos países del hemisferio, a lo que era hace una década;

CONSCIENTES de la complejidad del problema mundial de las drogas y que éste debe abordarse de manera integral y equilibrada, reconociendo los diferentes impactos, manifestaciones y realidades de este problema en cada Estado Miembro, respetando plenamente los principios de soberanía nacional e integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad común y compartida;

RECONOCIENDO la necesidad de la rehabilitación y de la reintegración social y laboral de las personas afectadas por uso indebido de drogas a fin de evitar su marginalización, estigmatización y discriminación. Reconociendo también la necesidad de atender las consecuencias sociales, tales como, la delincuencia y la violencia, y que la ruptura de los lazos sociales y la desintegración familiar obstaculizan que las personas desarrollen su proyecto de vida, con capacitación y reinserción laboral;

RESALTANDO los avances en el debate hemisférico sobre el problema mundial de drogas en las Américas y el compromiso de la región de enfrentarlo a través de políticas integrales que aborden todas sus causas y componentes de manera equilibrada y multidisciplinaria. Dicho compromiso se sustenta en la visión común que las personas, su dignidad y su inclusión social, constituyen el centro de las políticas públicas, a fin que éstas coadyuven a fortalecer el tejido social, la justicia, los derechos humanos, la salud, el desarrollo local y nacional, y la seguridad ciudadana que incluyan, entre otras, acciones preventivas contra la violencia sobre la base de un mejor entendimiento de los elementos determinantes de este problema;

RESALTANDO TAMBIÉN los avances en el debate hemisférico y los compromisos contenidos en la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2011-2015 de la OEA y la importancia del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) como su mecanismo de evaluación, el Plan de Acción sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud adoptado en el 2011, y reconociendo la necesidad de continuar avanzando para hacer frente a los nuevos retos y responder a las nuevas realidades;

REITERANDO la importancia de avanzar de manera coordinada en el hemisferio, para hacer frente al problema mundial de las drogas, considerando nuevos enfoques que basados en el conocimiento y la evidencia científica, contribuyan al fortalecimiento de las estrategias nacionales como un esfuerzo para buscar soluciones efectivas y alcanzar mejores resultados en torno a los desafíos que han surgido en los últimos años;

TOMANDO NOTA de las reflexiones derivadas de la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana en Antigua, Guatemala de 2012, y de la Cumbre de las Américas de Cartagena de 2012; i/ ii/

TOMANDO NOTA del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas del Secretario General de la Organización de Estados Americanos;

CONSIDERANDO la necesidad de iniciar el proceso de elaboración del Plan de Acción 2016-2020 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas notando la importancia de una visión que atienda las causas del problema mundial de las drogas, los nuevos retos y las diferentes realidades de los Estados miembros a fin de reducir los diferentes costos y efectos dañinos en nuestras sociedades y afianzar el tejido social, promoviendo, entre otros, políticas públicas integrales con énfasis en la salud pública, la educación, la justicia, el desarrollo social, el estado de derecho, la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas y los derechos humanos; y

RECONOCIENDO la importancia de que los Estados Miembros compartan sus experiencias y nuevos enfoques para abordar el problema mundial de las drogas, lo que puede aportar evidencia para mejorar las políticas actuales de drogas especialmente cuando se enfoquen en el individuo y su entorno como centro de tales políticas,

RESUELVEN:

• Reafirmar la importancia de la cooperación hemisférica e internacional, para conjuntamente hacer frente al problema mundial de las drogas, promoviendo y fortaleciendo políticas integrales y, cuando corresponda, la modernización y profesionalización de las instituciones de gobierno.
• Reconocer la importancia de la implementación efectiva de las tres convenciones sobre drogas de la Organización de las Naciones Unidas que constituyen el marco del sistema internacional de fiscalización de drogas.
• Reconocer la necesidad de que, de conformidad con sus obligaciones de derecho internacional, los Estados consideren:
• Revisar periódicamente las políticas sobre drogas adoptadas, con el objeto que estas sean integrales y centradas en el bienestar de la persona para hacer frente a sus retos nacionales y evaluar su impacto y efectividad, y
• Desarrollar, de conformidad con la realidad de cada Estado, respuestas ante los nuevos retos en torno al problema mundial de las drogas, sobre la base de una comprensión mayor de sus causas, que prevengan los costos sociales o contribuyan a su reducción, y cuando corresponda, revisar el abordaje de enfoques tradicionales y considerar el desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en evidencia y conocimiento científico.
• Alentar a los Estados Miembros a desarrollar o adoptar políticas y programas con un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, que tengan un impacto concreto en la solución del problema mundial de las drogas orientadas a:
  1. Fortalecer los sistemas nacionales de salud y armonizar o alinear la respuesta del Estado para prevenir el uso indebido de drogas así como ofrecer programas de promoción de la salud, prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de las personas afectadas por uso indebido de drogas, con objeto de reducir el impacto en la salud pública y disminuir la estigmatización, marginación y discriminación, promoviendo en la sociedad la educación para la tolerancia, mediante la asignación de los recursos suficientes para facilitar el acceso a los sistemas nacionales de salud, y procurando, cuando corresponda, la asistencia técnica de la OPS, en el marco del Convenio CICAD-OEA;
  2. Promover, de acuerdo con las circunstancias de cada Estado, un equilibrio entre las acciones de seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos, y reconstrucción del tejido social, con el fin de alcanzar el bienestar del individuo y su entorno;
  3. Promover, cuando corresponda, de conformidad con las legislaciones nacionales, alternativas al encarcelamiento, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la perspectiva de género, la gravedad de las conductas delictivas y la proporcionalidad entre los daños y las penas, con el objeto de desalentar la comisión de delitos, lograr la rehabilitación y la reintegración a la sociedad de las personas privadas de la libertad, con una visión de procurar el bienestar de los individuos y la comunidad, y la reducción del hacinamiento carcelario, con pleno respeto a los derechos humanos y a esforzarse por incorporar a sus prácticas las disposiciones pertinentes de las reglas y normas de las Naciones Unidas;
  4. Reconocer el desafío que representa el surgimiento de nuevas sustancias psicoactivas y fomentar la cooperación para el intercambio de información sobre la producción, distribución, consumo e identificación de dichas sustancias;
  5. Fortalecer las estrategias y políticas para la reducción de la demanda, prevención y tratamiento para hacer frente al reto del uso indebido de las drogas, incluyendo el uso de nuevas sustancias sicoactivas, y enfatizar el valor de campañas orientadas a poblaciones vulnerables en el hemisferio;
  6. Instar a los países productores, exportadores, importadores y de tránsito de sustancias químicas y precursores que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas, a que, en cooperación con el sector privado, refuercen las medidas de control de la producción, distribución y comercialización interna e internacional de sustancias químicas y precursores a fin de evitar su desvío hacia actividades ilícitas, así como a que fomenten la cooperación internacional y las alianzas estratégicas entre los sectores público y privado;
  7. Desarrollar medidas integrales y equilibradas destinadas a reducir la disponibilidad de la oferta ilícita de drogas, y
  8. Continuar alentando a los Estados Miembros a impulsar, en el marco de sus políticas nacionales, programas y medidas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido, cuando proceda, el desarrollo alternativo preventivo, que se orienten a eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental para, entre otros, prevenir la inserción de poblaciones vulnerables en actividades vinculadas a la producción y el tráfico ilícitos de drogas.
• Promover y fortalecer programas de desarrollo integral con inclusión social que:

1. 1. Fomenten mecanismos y otras herramientas que permitan afrontar la vulnerabilidad de los sectores afectados por las redes de tráfico de drogas, y
   2. Aborden el problema mundial de las drogas, entre otros, el tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

• Llamar a los Estados Miembros a considerar, en el desarrollo de políticas integrales contra el problema mundial de las drogas, medidas, programas y acciones que atiendan las necesidades de las víctimas de la violencia y de la delincuencia.
• Continuar invirtiendo en las necesidades específicas de los grupos en situación de riesgo, incluyendo niños y niñas, adolescentes y jóvenes, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, con énfasis en la educación y capacitación para el desarrollo de habilidades y oportunidades que les permitan un estilo de vida saludable.
• Solicitar a la Comisión de Seguridad Hemisférica que conduzca un análisis, a través de los órganos correspondientes, de las causas estructurales, detonantes y los múltiples factores que contribuyen a la violencia y a la delincuencia, tales como el problema mundial de las drogas, con miras a que el mismo pueda ser considerado, entre otros, para la elaboración del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020.
• Alentar a todos los actores sociales y a la sociedad civil en su conjunto a que continúen contribuyendo a los esfuerzos que desarrollan los Estados Miembros y a que aporten sus observaciones para enfrentar el problema mundial de las drogas.
• Alentar también a los Estados Miembros al intercambio de información, datos recopilados, conocimiento y evidencia científica de los resultados sobre la implementación de nuevas políticas y control de sustancias ilícitas y encomendarle a la CICAD que trabaje con autoridades nacionales de los Estados Miembros, cuando así lo soliciten, para analizar el impacto de estas políticas sobre los esfuerzos regionales para enfrentar el problema mundial de las drogas.
• Solicitar a la Secretaría General, que por medio de los órganos pertinentes y en consulta con los estados miembros, analice los factores económicos que contribuyen al tráfico ilícito de drogas en el hemisferio.
• Abordar, por los Estados Miembros, y cuando corresponda, a través de los foros competentes de la OEA, la necesidad de continuar reduciendo los niveles de impunidad con que operan los grupos de delincuencia organizada mediante las siguientes medidas, entre otras:

1. 1. Fortaleciendo los mecanismos regionales y bilaterales de cooperación para institucionalizar los instrumentos de intercambio de información operativa y/o inteligencia en la materia;
   2. Impidiendo a las redes de delincuencia organizada el acceso a los sistemas financieros y al patrimonio ilícito, mediante la implementación de los “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación” emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Recomendaciones del Grupo de Expertos de la CICAD para el Control del Lavado de Activos, y exhortar a los Estados Miembros, cuando corresponda, a la actualización de la legislación en la materia, sobre lavado de activos y decomiso;
   3. Continuar desarrollando y fortaleciendo el control administrativo y legislativo sobre las sustancias y precursores químicos para evitar su desvío hacia la elaboración de sustancias y el desarrollo de actividades ilícitas, fomentar la cooperación internacional y alianzas estratégicas entre los ámbitos público y privado, para enfrentar el desafío que presentan las nuevas sustancias psicoactivas, así como;
   4. Promoviendo el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de control fronterizo;
   5. Continuar fortaleciendo las medidas regionales para impedir que los grupos de delincuencia organizada, incluidos los dedicados al tráfico de estupefacientes, adquieran armas, municiones y explosivos, y
   6. Seguir mejorando la capacidad institucional de los Estados Miembros para prevenir, detectar y sancionar la corrupción vinculada a las actividades del tráfico ilícito de drogas.

• Reafirmar que la evaluación de las políticas de control de drogas debe ser un ejercicio multilateral.
• Continuar apoyando la implementación de la estrategia hemisférica contra las drogas 2010 e instruir a la Secretaría General la evaluación de los resultados alcanzados a diciembre de 2014 del Plan de Acción 2010-2015 y de la estrategia hemisférica y solicitar a la CICAD que elabore el Plan de Acción para 2016-2020, poniendo énfasis en la evidencia científica, experiencias e indicadores de impacto aportados por los Estados Miembros respecto a las causas del problema mundial de las drogas y los nuevos retos que se han generado en la región y tomando en cuenta las contribuciones hechas por el Mecanismo de Evaluación Multilateral y avances logrados tanto por organismos especializados como por otros sectores relevantes.

Encomendar a la Presidencia de este período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA transmitir, de conformidad con la resolución CND 57/5, a la Presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la presente resolución para la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de la ONU sobre el problema mundial de las drogas que tendrá lugar en 2016.

NOTAS PÍE DE PÁGINA

1. … durante el desarrollo de la misma, los Jefes de Estado y de Gobierno no pudieron abordar, ni aprobaron, la Declaración Política que incluía la voluntad solidaria de los países de América Latina y el Caribe para que la hermana República de Cuba participe de forma incondicional y en plano de igualdad soberana en dicho foro. Reafirmamos que no puede realizarse “Cumbre de las Américas” sin la presencia de Cuba. Los mandatos y las partes resolutivas de los ejes temáticos formaban parte de la Declaración Política, y al no ser aprobada ésta, aquellos también quedaron sin aprobación; razón por la cual, Nicaragua no está de acuerdo en hacer mención de estos documentos y mandatos que no fueron aprobados.
2. … sin perjuicio de los contenidos aprobados por el Ecuador en otros contextos de negociación, según corresponda.

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i. El Gobierno de Nicaragua considera que la referencia a la Cumbre de Cartagena, Colombia, y el llamado al fortalecimiento de la denominada “Cumbre de las Américas” son inapropiadas ya que, …
ii. La República del Ecuador formula expresa reserva de las referencias a la VI Cumbre de las Américas, realizada el 14 y 15 de abril de 2012, en Cartagena de Indias, Colombia, …