Por Penal Reform International

Al acercarse el décimo aniversario de la adopción de las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, nosotros, los abajo firmantes, nos sentimos alarmados por el aumento de la población mundial de mujeres encarceladas en alrededor de 100.000 personas desde la adopción de las Reglas — que pretenden reducir el encarcelamiento de las mujeres — y por la continua discriminación y abuso que sufren las mujeres en los sistemas de justicia penal. 

La cantidad de mujeres encarceladas está aumentando a un ritmo alarmante, a pesar de que las mujeres suelen ser condenadas por delitos menores no violentos. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por las políticas punitivas en materia de drogas y a menudo cometen delitos en la pobreza para sobrevivir y alimentar a sus familias. Muchas se encuentran encarceladas como consecuencia directa de la discriminación. 

Como minoría en las cárceles, donde representan entre el 2 y el 9% de la población carcelaria nacional, las mujeres no suelen tener acceso a programas y servicios de apoyo para su rehabilitación que atiendan a sus características y necesidades específicas. También existe una crisis de salud mental entre las mujeres en las cárceles, ya que hasta el 80% de ellas viven con una enfermedad mental diagnosticable, lo cual se ha visto agravado por las medidas relacionadas la lucha contra la propagación del COVID-19. 

En todo el mundo, las mujeres en detención siguen siendo objeto de amenazas a su dignidad y humanidad. Muchas veces no pueden acceder a una atención médica adecuada y corren un riesgo especialmente alto de sufrir agresiones sexuales y humillaciones en la prisión. En algunos países, las mujeres incluso son sujetadas durante el trabajo de parto y el nacimiento o son puestas en confinamiento solitario mientras están embarazadas o cuidan a un niño pequeño.