Penal Reform International es una organización no-gubernamental independiente que desarrolla y promueve respuestas justas, eficaces y proporcionales a problemas de la justicia penal a través del mundo.
PRI y TIJ ofrecen una visión general de la situación actual y destacan cómo la criminalización de las drogas sigue siendo un factor clave que contribuye al aumento de la población carcelaria mundial y al hacinamiento en las prisiones.
PRI ha desarrollado el plan de 10 puntos como una herramienta para ofrecer a profesionales en el campo y gestores de políticas lineamientos para construir y fortalecer servicios que sean flexibles, no discriminatorios, y más capaces de responder y adaptarse a las crisis.
PRI y el IDPC detallan cómo personas responsables de políticas públicas y profesionales del sistema penal pueden reducir el encarcelamiento de las mujeres por delitos relacionados con las drogas de acuerdo con las normas internacionales.
El IDPC documenta los fallos en el suministro de productos menstruales por parte de los sistemas penitenciarios y estatales durante la emergencia pandémica.
El sistema de derechos humanos de la ONU debe continuar arrojando luz sobre el impacto destructivo de leyes punitivas referidas a drogas sobre el disfrute de derechos, incluyendo el encarcelamiento y la detención administrativa.
En este evento paralelo se debatirán las recomendaciones del estudio del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en relación con las políticas de drogas, así como la mejor manera de aplicarlas, con las perspectivas de los Estados miembros, la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos.
Casi el 60% de todas las mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas en el Perú están en situación de vulnerabilidad y precariedad socio-económica.
