Por Pablo Linde

Las drogas entraron con fuerza en Portugal al terminar la dictadura. Llegaron de la mano de la libertad hasta crear una auténtica crisis social. “No había familia sin algún adicto”, recuerda João Goulão, director del Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias (SICAD). Los Gobiernos democráticos trataron de atajar el problema con mano dura: tolerancia cero con traficantes, y también con consumidores, a quienes les caía el peso del sistema penal si eran sorprendidos in fragranti. Pero la situación no hacía sino empeorar: el consumo crecía al mismo ritmo que las enfermedades infecciosas y la saturación de las prisiones. Hasta abril de 1999. Hace 20 años el país dio un giro a sus políticas y lo convirtieron en un referente mundial.

Fue entonces cuando el Gobierno aprobó una nueva estrategia que se empezaría a implementar dos años después, tras largos debates con la sociedad civil y en el Parlamento. La legislación no era ni mucho menos revolucionaria: despenalizar el consumo a aquellos que portasen un máximo de 10 dosis de una determinada sustancia ilícita. No muy distinto de lo que sucede en España, por ejemplo. Pero lo que marcó la diferencia fue el cambio de sensibilidad hacia los drogodependientes: dejaron de ser tratados como a delincuentes, se aplicaron programas de atención, sustitución de heroína por metadona, se les incluyó en el sistema sanitario para atender sus enfermedades. Los resultados no tardaron en llegar. Aunque el consumo en general de estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad (en el total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón en 1999 a 4,2 en 2015), y la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).

Jose Queiroz, su director, define esta política como “una aproximación humanista que no juzga y se basa en la confianza y en la relación con la gente”. La ley puso las bases, pero de poco habría servido si no hubiera sido acompañada por medidas sociales y fondos destinados a servicios de lo que se conoce como reducción de daños, es decir, mitigar en lo posible las consecuencias negativas de las drogas desde una perspectiva no basada tanto en la persecución como en la información, la atención médica y los servicios a los adictos. Los más frecuentes son ofrecer materiales esterilizados a quienes se inyectan, metadona a los que buscan dejar la adicción a la heroína, espacios de consumo supervisado (también conocidos como narcosalas) o, según las tendencias más recientes y progresistas, centros donde examinar las sustancias para que los usuarios sepan exactamente qué se meten en el cuerpo. Cada vez más países, a través de ONG, proporcionan este servicio en lugares lúdicos, como festivales de música y, poco a poco, van abriendo sedes fijas, como sucede en el propio Portugal, Holanda o Suiza.