Richard Nixon hubiera enloquecido. Cuarenta años después de su cruzada moral contra las drogas, dos estados estadounidenses –Washington y Colorado– legalizaron el consumo recreativo de marihuana y los ciudadanos de otros dieciocho la consiguen con simples recomendaciones médicas. Nixon hubiera fruncido el ceño y el estómago. A finales de 2013, el 55% de los estadounidenses se pronunciaba a favor de la legalización del cannabis. Por otra parte, los tres últimos presidentes de la nación norteamericana admitieron haber fumado marihuana.

En 2006, el presidente mexicano, Felipe Calderón, prometió un combate militarizado contra los carteles del narcotráfico. Desde entonces los muertos se multiplicaron, hasta llegar a unos 60.000, sin contar desaparecidos, torturas, corrupción militar y política, ni la violencia ejemplarizante y banalizada.

En aquel entonces, Calderón ordenó fiscalizar el espacio aéreo. Así, desparramó el problema del narco por toda América Central. Los carteles se apoyaron en pandillas locales, y en militares y paramilitares retirados, para ejercer el terror en el trasiego terrestre de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos.

En 2012, el general del Comando Norte de Estados Unidos, Charles H. Jacoby, admitió que la captura de los capos del narcotráfico en México no tuvo el efecto deseado. Ello a pesar de la revelación de que la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunieron con carteles mexicanos, principalmente con Los Zetas, para desestabilizar grupos rivales a espaldas de las autoridades mexicanas.

En los años 90 había dos carteles en Colombia (Medellín y Cali); después del Plan Colombia eran 242. La hoja de coca se cultivaba en 10 departamentos, hoy en 23. Situaciones similares vivieron Bolivia, Perú y México. La interdicción sólo logró llevar el problema a nuevas tierras.

La guerra contra las drogas, por lo menos en América Latina, está perdida. El consumo, el abuso, la producción, el tráfico y las ganancias aumentaron mientras la corrupción socava a todas las clases sociales, a Estados y gobiernos. En su último informe, la Organización de los Estados Americanos (OEA) estudia distintos escenarios de políticas de drogas (3). Y el de la regulación controlada (el modelo uruguayo) es perfectamente tolerado. Su secretario general, José Miguel Insulza, afirma que la organización no está en contra de las alternativas –como sí lo estuvo desde su creación–, sino todo lo contrario, las apoya, y le deseó sincero éxito al experimento uruguayo. Algo hizo crack.

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