Por Carmen Moreno, Secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos.

 

Alrededor de 625.000 mujeres y niñas están privadas de la libertad en el mundo, en espera de una sentencia o en cumplimiento de una sentencia condenatoria. La población carcelaria femenina ha crecido a una tasa superior a la masculina: en América Latina, por ejemplo, casi se duplicó durante los últimos cinco años, al pasar de 40.000 en 2006 a 74.000 en 2010.

En países como Bolivia, las mujeres representan más del 13 por ciento de la población penitenciaria total -una de las tasas más elevada en el mundo-. La lentitud de la justicia es un aparte fundamental del problema, pues el 80 por ciento de aquellas mujeres está a la espera de una sentencia.

Los estudios de campo, los testimonios y la investigación realizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) revelan que en muchos países de América Latina la mayoría de las encarceladas lo están por crímenes relacionados con las drogas. Es más: la gran mayoría de ellas están en espera de juicio.

Casi todas las mujeres participan en los eslabones más bajos de la cadena delictiva de la comercialización, y la mayoría de estos delitos se cometen por motivos referentes a la supervivencia económica en contextos marcados por el abuso y la violencia.

El estudio 'Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina', del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), también refleja que la mayoría de las mujeres encarceladas en América Latina lo están por haber sido acusadas de delitos menores relacionados con sustancias psicoactivas: de 75 a 80 por ciento en Ecuador, entre 30 y 60 por ciento en México, el 64 por ciento en Costa Rica, el 60 por ciento en Brasil, el 70 ciento en Argentina y el 42 por ciento en Colombia (aquí se puede acceder a una entrevista con Corina Giacomello, la autora del estudio).

Lea aquí el artículo completo.

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.