El foro exploró estrategias innovadoras para transformar las políticas de drogas, priorizando enfoques centrados en las personas, reducción de daños y desarrollo sostenible.
Youth RISE explora estrategias de reducción de daños que enfatizan la inclusión, abordan los determinantes sociales de la salud y se adaptan a diversos contextos.
El Día Mundial de Acción Support. Don’t Punish refleja el creciente movimiento contra la « guerra contra las drogas », uniendo comunidades bajo una bandera común para exigir políticas de drogas respetuosas de los derechos, reducción de daños y acción colectiva por un futuro más justo.
Nelson y Klantschnig iluminan la relación de los cultivadores con los mercados regulados legalmente, incluidas respuestas críticas a modelos que descuidan su inclusión.
De cara a la 77ª sesión del CESCR de la ONU, el IDPC apoya tres presentaciones audaces en Kenia y el Reino Unido, evaluando sus políticas de drogas y registros de derechos humanos, y exigiendo una reforma urgente.
SWAN analiza el impacto de las identidades interseccionales en la justicia social y ofrece recomendaciones para mejorar los servicios, los programas basados en derechos y la incidencia política.
La evaluación del IDPC del capítulo sobre el derecho a la salud del informe mundial sobre drogas sugiere que la ONUDD prioriza sus propios intereses políticos sobre los impactos negativos de la « guerra contra las drogas » y las guías normativas más recientes en la materia.
El informe de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA describe de manera cualitativa los obstáculos para alcanzar metas globales para la prestación de servicios referidos a VIH/SIDA a cargo de la comunidad, invocando un financiamiento equitativo y resiliencia contra los movimientos anti-derechos.
La WHRIN cataloga los servicios para reducción de daños con perspectiva de género en todo el mundo, resaltando una marcada disparidad entre necesidades y disponibilidad de éstos, impulsada por la criminalización y el estigma.
ONUSIDA hace un llamado a una respuesta bien financiada, basada en evidencia y que afirme los derechos humanos para contrarrestar la amenaza de la continuación y resurgimiento de la pandemia.
