Allen et al. revelan el valor de las intervenciones comunitarias para prevenir brotes de VIH, y destacan el potencial de ampliar los servicios para las comunidades de personas usuarias de drogas con el fin de evitar brotes.
El HRI destaca cómo la escasa inversión en reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios obstaculiza el avance hacia los objetivos sanitarios mundiales, mientras prevalecen costosas políticas punitivas en materia de drogas.
APCOM e IDPC instan al público, a las fuerzas del orden y a los responsables políticos de Tailandia a que ayuden a garantizar la igualdad y la equidad para las personas LGBTQ+ usuarias de drogas, especialmente en su acceso a los servicios sanitarios y sociales, y a acabar con el estigma y la discriminación de que son objeto.
HIV Legal Network identifica barreras y soluciones innovadoras para promover un suministro seguro de medicamentos, incluso a través de programas no médicos.
La ONUDD ofrece información actualizada sobre los mercados mundiales de la droga, las tendencias y la evolución de las políticas, incluido, por primera vez, un capítulo sobre el derecho a la salud y el consumo de drogas.
Michaud et. al. critican la participación central de la policía, que desplaza a los planteamientos de salud pública en la descriminalización de Columbia Británica.
Søgaard et al. concluyen que el suministro social y, en menor medida, el suministro con fines de lucro, están normalizados entre los pequeños cultivadores de cannabis.
La Red Jurídica sobre el VIH identifica lo que puede y debe hacerse para reforzar la respuesta al VIH, otras ITS y otros problemas de salud entre las personas GBT2Q que consumen drogas.
El OEDT informa sobre la elevada disponibilidad y potencia de las sustancias, las infraestructuras de suministro cada vez más sofisticadas y la implicación y explotación de personas en situación de vulnerabilidad en los mercados informales.
ONUSIDA y el IDPC reúnen a los actores clave para identificar las prioridades en cuanto al abordaje del estigma que rodea a quienes consumen drogas, incluyendo la educación, la formación y la reforma de políticas.
La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud explora la importancia de la reducción de daños en relación con el uso de drogas y las normas y políticas relacionadas.
PNUD y ONUSIDA se enfocan sobre la preparación para crisis, ofrecen principios y acciones clave, e ideas para la coordinación y prevención de futuras crisis.
