Sobre política de drogas, a Petro y Márquez les decimos

Publicaciones

Sobre política de drogas, a Petro y Márquez les decimos

1 noviembre 2022

¿En qué debe centrarse el Gobierno Nacional para atender el fracaso de la guerra contra las drogas? ¿Cómo redireccionar los esfuerzos hacia una política incluyente, transparente y con bases científicas? ¿Cómo garantizar el desarrollo alternativo rural, la paz y la seguridad en todo el territorio? ¿Y dónde queda la gestión responsable del placer? Estas son algunas de las inquietudes que tenemos desde la sociedad civil y que presentamos, a modo de informe, en nuestro documento ”Sobre política de drogas, a Petro y Márquez les decimos”, que suscribe la Coalición Acciones para el Cambio, conformada por Deliberar, Corporación Humanas, ATS, Fescol, Dejusticia y Elementa DDHH.

En este documento, hacemos un balance de lo que sucedió durante los cuatro años del último Gobierno Nacional (2018-2022) en materia de política de drogas y mapeamos los asuntos urgentes que deben ser atendidos por el nuevo Gobierno. Para ello, nos centramos en cuatro ejes temáticos relacionados con la política de drogas. Cada uno toca aspectos distintos que están organizados por diagnóstico, retos o problemas y recomendaciones.

En primer lugar, abordamos lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas y el campo. Allí hacemos énfasis en el marco jurídico que prohíbe el uso del glifosato como método de erradicación de cultivos ilícitos, el estado crítico de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la situación de seguridad relacionada con narcotráfico y con la población que habita lugares con presencia de cultivos de uso ilícito.

En segundo lugar, desarrollamos un eje sobre el consumo de sustancias psicoactivas. En esta sección hablamos sobre prevención, atención y sanción del uso y porte de drogas en distintos contextos. Los temas son la prevención del consumo de menores de edad, la ausencia de estrategias integrales de reducción de daños con enfoques de salud y de derechos humanos, la escasez de medicamentos opioides para cuidados paliativos y para aliviar el síndrome de abstinencia de quienes usan heroína, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario y las prohibiciones del Código de Policía.

En tercer lugar, nos referimos al estado de las normas en lo que tiene que ver con drogas. En este punto, analizamos el marco jurídico y la implementación de la regulación sobre los usos medicinales, científicos e industriales del cannabis. Pensamos en los ajustes necesarios o convenientes para un mercado regulado de cannabis de uso adulto en Colombia y nos detenemos sobre la posible regulación de la hoja de coca.

En cuarto lugar, proponemos tres puntos clave del papel que debe jugar Colombia en la escena internacional de la política de drogas. El primero es promover el debate regional e internacional para cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas que se materializa en los tratados internacionales que condicionan las intervenciones sobre drogas. El segundo es fortalecer la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas al igual que el acceso a la información. El tercero es impulsar el estudio científico como una herramienta de incidencia y de evaluación de la política de drogas.

Desde la Coalición Acciones para el Cambio esperamos que estas propuestas en materia de política pública y legislación sirvan para que el Gobierno de Petro y Márquez corrijan el rumbo de este camino marcado por desplazamientos, erradicación forzada y estigmatización. Esperamos que esta información sea valiosa para tomadores de decisión, periodistas y personas de la sociedad civil que trabajan para mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables como campesinos, usuarias de SPA, jóvenes, personas racializadas y mujeres.

Este documento es una apuesta por la búsqueda de soluciones con base en la evidencia para limitar el uso de posiciones dogmáticas que se resisten a cualquier cambio de la política de drogas y que evaden los debates sustanciales. Un Estado que abre la puerta al diálogo sensato sobre las drogas es capaz de superar las viejas recetas y atender de una mejor manera la problemática de la prohibición.