El año pasado se celebraron importantes aniversariosde la Convención Única de 1961 sobreEstupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Por lo tanto, además de su Informe Anual correspondiente a 2020, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes(JIFE o la Junta) lanzó un Informe Especial complementariocelebrando los 60 y 50 años respectivamentede dos de las convenciones principalesde la ONU que apuntalan el régimen internacionalpara el control de drogas.

Ambos informes constituyen importantes documentosque ofrecen un gran caudal de informaciónútil relacionada con el estado actual delas políticas internacionales de drogas, donde la Junta continúa demostrando un grato cambio depostura sobre un abanico de temas que incluyenla reducción de daños y los derechos humanos enun sentido más amplio. Al igual que en años anteriores,la crítica de la JIFE hacia el uso de la penade muerte por parte de los Estados en casos dedelitos relacionados con drogas constituye un elementocentral de su análisis. Otros temas, principalmenteel impacto social y económico de laCOVID-19, una epidemia oculta de uso de drogasentre personas de mayor edad, y el estigma, sondiscutidos con lucidez en el Informe Anual.

En los informes, sin embargo, persiste una tensiónfundamental respecto a evaluación, porparte de la Junta, del desempeño del régimen internacionaldel cual ella forma parte integral. Tales el caso especialmente en relación al Informe Especial encomendado para celebrar las Convencionesde 1961 y 1971.

La JIFE reconoce algunas carencias en relación tantoa la disponibilidad de sustancias internacionalmentefiscalizadas para fines médicos y científicos,como a los esfuerzos para lidiar con diversas facetasde los mercados ilegales de drogas; admisionesinevitables dada la realidad actual. Sin embargo,en un decidido esfuerzo por desviar la atenciónsobre aspectos problemáticos del régimen en sí,la Junta se propone (re)enmarcar la evaluación dedesempeño del régimen enfocando su atención enlos niveles tremendamente elevados de adherenciaa los tratados, y desplazando la responsabilidadpor las fallas del sistema creado por los mismostratados hacia los Estados Miembros.

Aunque desde luego los Estados Miembros sonen última instancia responsables no sólo por laconstrucción del régimen sino también por la implementaciónde las políticas referidas a drogasen sus jurisdicciones, tal enfoque ignora las influyentesexpectativas de regulación generadaspor el régimen; expectativas que desde 1961 haninfluenciado de infinitas maneras las opcionesde políticas estatales y que a menudo han privilegiadoenfoques punitivos orientados a la prohibiciónen desmedro de otros. Más aun: ambosinformes continúan promoviendo la idea erróneade que las convenciones para la fiscalización dedrogas y los instrumentos de derechos humanosson complementarios y que se refuerzan mutuamente.Tal enfoque elude un cúmulo de conflictosy tensiones, y omite el hecho de que el régimenpara la fiscalización de drogas continúa teniendouna relación de influencia sobre los abusos a losderechos humanos: pese a que no los ordena, síinfluye en gran medida para estructurar sistemasque recurren dichos abusos a nivel nacional.

En su análisis la Junta señala una serie de “Desafíos”que no eran conocidos cuando se adoptaronlas Convenciones de 1961 y 1971. Muchosde estos retos se relacionan con el carácter rápidamentecambiante del mercado ilegal. La Juntatambién incluye dentro de esta categoría losderechos humanos, el consumo no médico delcannabis y el cambio hacia mercados reguladospara consumo de drogas por parte de adultos enciertas jurisdicciones.

En respuesta a estos “Desafíos”, la JIFE sugiere lanecesidad de “crear nuevos instrumentos y herramientasnormativas, y posibles mecanismos voluntariosadicionales de colaboración internacional”.Respecto a ello, la carga recae por completosobre los Estados Miembros, y resulta oportunoque ellos asuman el reto, modernicen el régimeny lo adapten a las realidades contemporáneas.


In this report, IDPC and the Global Drug Policy Observatory take a critical look at the narratives that the UN drug control system constructs to justify its own existence, and to create an appearance of success.

2021 marked the 60th anniversary of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, the founding document of the UN drug control regime. The International Narcotics Control Board (INCB) marked this occasion by including an assessment of the global drug control regime’s performance in its Annual Report 2020.

In line with its recent shift towards human rights, the INCB acknowledges some shortfalls in the functioning of the regime, particularly in relation to availability of internationally controlled substances and efforts to deal with various facets of illegal drug markets, as well as with regards to the widespread rights violations associated to drug control.

However, in a determined effort to deflect attention away from the problematic aspects of the regime itself, the INCB sets out to shift all responsibility for failures away from the treaty framework and its institutions, and on to states themselves.

The new IDPC/GDPO analysis argues that such an approach ignores the powerful normative expectations generated by the regime, and it points out that the INCB continues to promote the erroneous view that the drug control conventions and human rights instruments are mutually reinforcing. Ultimately, an intellectually honest analysis of the regime’s performance is necessary for meaningful progress.


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