Frente a una compleja gama de problemas rela­cionados con las drogas, un creciente número de países está considerando desarrollar políticas nacionales adecuadas que se alejen del enfoque prohibicionista que ha dominado durante mu­cho tiempo el área, y que está perdiendo cada vez más legitimidad. Al hacerlo, estos países deben prestar mucha atención al marco de fis­ca­ización de estupefacientes de la ONU, del cual son parte casi todas las naciones.

Este informe esboza las obligaciones jurídicas internacionales de fiscalización de drogas, el margen de maniobra que el régimen deja a quienes deciden las políticas nacionales y los claros límites de la flexibilidad que no se pueden cruzar sin violar los tratados. También cubre la inmensa zona gris situada entre la libertad y las restricciones, incluyendo las ambigüedades legales que están sujetas a la interpretación judicial y la confrontación política.

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